El derecho humano a la ciencia y la reducción de apoyo estatal

En un marco de las discusiones de la nueva Constitución, las cuales parecen concretar los reglamentos necesarios, se hace pertinente discutir aspectos que, si bien son constantemente declarados relevantes, a la hora de políticas públicas, han tenido baja prioridad.

La pandemia actual nos ha mostrado la importancia de la ciencia para abordar los desafíos sanitarios. Una ciencia siempre postergada en la política pública y entendida constreñida al espacio universitario. Esto que pareciera siempre ha estado en el país, tiene un antecedente contradictorio. Fue Chile el que lideró tiempo atrás el constituir el derecho a hacer ciencia, como un derecho humano, agrupado en los derechos económicos, sociales y culturales, de la Carta de Derechos Humanos de la ONU.

El liderazgo de Chile en política exterior en tiempos de construcción de la Carta de Derechos Humanos se materializa en la gestión del señor Hernán Santa Cruz, embajador chileno ante la ONU, que permitió -con el apoyo de la OEA y de China- que el artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos se expresara como el derecho "a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten".

Las negritas son mías y refiere a la lucha que dio nuestro embajador por considerar que los países no desarrollados también podrán aportar a la ciencia. La importancia de este artículo radica en la diferencia sustancial entre participar de los beneficios de la ciencia respecto con participar de su progreso.

La importancia y diferencia entre participar de los beneficios o de su desarrollo se puede apreciar en estos tiempos de pandemia. Nuestro país, y en particular este Gobierno, ha tenido una principal orientación por participar de los beneficios, no de su desarrollo. Los esfuerzos del Gobierno parecieran estar enfocados en hacernos los primeros clientes. Cuando al ex ministro de Salud Jaime Mañalich se le pregunta por la posibilidad del desarrollo de antivirales, su respuesta es clara: "Nosotros vamos a escuchar una cantidad de fantasías y de ofertas, de negocios, de soluciones" (3/11/2020).

Por su parte, el Presidente muestra con orgullo un trabajo que nos puso primeros en recibir la vacuna: primeros en la fila de compra. Suma a lo anterior, el caso del desarrollo por científicos de la Universidad de Talca de un método de calidad para detección de Covid-19. En su desarrollo, ellos señalan que fueron contactados por la OMS a través de la oficina de Argentina y de Perú, trabajando con dichos países para evaluar las muestras y validar su método.

Logro reconocido por nuestro Gobierno, sólo cuando la Revista Nature lo publica En síntesis, nuestro Gobierno ha logrado colocarnos primero en la fila de compradores y para el mundo fue más fácil acceder a nuestros creadores por los gobiernos más allá de nuestra frontera, un extremo del hecho de no ser profetas en su tierra.

Por último, uno de los golpes más fuertes que podríamos pensar es una violación, o a lo menos omisión, en la responsabilidad del gobierno de defender el derecho humano a la ciencia de sus ciudadanos, fue la suspensión de las Becas Chile y la no extensión de estas para quienes han quedado detenidos por esta pandemia, para que nuestros mejores estudiantes de pregrado y posgrado puedan desarrollar su capacidad de participar en el desarrollo de la ciencia, lo que para muchos significa truncar los esfuerzos que han hecho para poder alcanzar la frontera de sus especialidades y ser actores centrales en la construcción de ciencia.

Para ellos es una violación de su derecho humano que trunca caminos de vida. Es claro que, desde la mirada económica, y más bien, la mirada especulativa de nuestra economía, conviene más asegurar convenios para participar de los beneficios, al menos para quienes puedan pagarlo, que hacer esfuerzos para asegurar que cada chileno, si quiere, pueda participar en su desarrollo. Esto es grave, en especial en estos tiempos, en que no ha sido el mercado quien nos salva, sino los científicos.

Nuestro Gobierno dejó esa mirada estadista que significó imponer el derecho de todos los países a que sus ciudadanos puedan construir ciencia e ignorando la obligación que destaca Mikel Mancisidor, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Naciones Unidas en Suiza, (2017), de promover la participación en la creación científica, en el desarrollo de políticas científicas, en la responsabilidad en la gestión de riesgos, en las libertades y responsabilidades de quienes hacen ciencia, entre otros aspectos.

Esto no solo es un aspecto ideal, sino que se operacionaliza en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que demanda a los Estados a adoptar medidas para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura (artículo 15, 2). Así como respetar la indispensable libertad para la investigación científica (artículo 15, 3), y también el "fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas" (artículo 15, 4). Esto último no se logra firmando un convenio para comprar primero la vacuna o tener más barato el nuevo artilugio científico, sino avanzando en el desarrollo de la capacidad propia para la creación.

En síntesis, la decisión de suspender toda beca para el desarrollo de estudios de posgrado en el extranjero, reducir los presupuestos del Ministerio de Ciencias para el apoyo a la creación científica y anunciar una baja en el aporte directo a las universidades del Estado, constituye no solo en una ceguera hacia el rol de la ciencia en el desarrollo del país, sino en una manifiesta violación del derecho humano 27: El derecho a Participar en el Desarrollo Científico.

Entonces, se vuelve importante en la discusión de una nueva Constitución cómo responder al rol que el desarrollo científico tiene en la construcción del país.

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