Encargar lo que no se sabe: las áreas prioritarias en Fondecyt y Becas Chile
Coescrita con Anahí Urquiza Gómez, antropóloga social y magister en Antropología y Desarrollo, profesora titular de la Universidad de Chile
El 13 de julio, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo abrió el concurso Fondecyt de Postdoctorado 2027 con una modificación en su procedimiento de adjudicación. El Grupo de Evaluación deberá revisar, además de calificar las propuestas, su pertinencia respecto de 10 áreas prioritarias definidas por el Ministerio de Ciencia mediante un oficio despachado ese mismo día, y la agencia queda facultada para destinar hasta 70% de las adjudicaciones a los proyectos que se enmarquen en ellas.
De esas 10 áreas, ocho corresponden a sectores productivos o plataformas tecnológicas. Las dos restantes admiten trabajo de ciencias sociales: capital humano, productividad y futuro del trabajo, por un lado, y seguridad, justicia y políticas públicas, por otro. Los subtemas que luego desglosan cada una de estas áreas confirman la distribución del reparto.
El vocabulario del anexo muestra qué se espera de estas disciplinas: productividad, mercado laboral, reconversión, microcredenciales, prevención del delito, reinserción social, evaluación de políticas públicas. Se las convoca aquí para administrar un problema ya formulado, casi siempre en el registro económico o en el de la seguridad. Sin embargo, la operación que queda fuera es la que las define. Una sociedad no accede a sí misma sino a través de descripciones, y toda descripción fija qué cuenta como daño, quién es el afectado, en qué unidades se mide y qué desenlace se considera un éxito. Mostrar que la descripción vigente pudo ser otra, y a veces mostrar cuál, es, precisamente, aquello que las ciencias sociales desempeñan como prestación para el conjunto de la sociedad.
El propio anexo exhibe esa operación sin advertirlo. Entre los subtemas del área de seguridad figura narcocultura, categoría hoy indispensable para entender lo que ocurre en varios territorios del país y que ningún listado de prioridades de hace 15 años habría contenido, porque entonces no existía como objeto de política. Existe hoy porque antes hubo etnografía, sociología urbana, estudios culturales y ciencia política trabajando sin prioridad que los cubriera y, en varios casos, sobre materiales que en su momento parecían menores. La política pública llega a nombrar el problema con una herramienta conceptual que no encargó y que no habría podido encargar, porque encargarla suponía saber de antemano aquello que la investigación en ciencias sociales vino a mostrar.
El patrón se repite en ámbitos que nada tienen que ver con el delito. Zona de sacrificio no es una categoría administrativa que alguien haya diseñado en un ministerio: se formó en el trabajo de geógrafos, físicos, sociólogos ambientales y antropólogos que documentaron durante años la acumulación territorial de externalidades en lugares que el Estado veía como polos industriales exitosos, y hoy organiza planes de descontaminación, litigios y decisiones de localización industrial. Algo similar ocurre con la segregación escolar.
Durante dos décadas, el Estado midió cobertura y luego puntajes, que eran las magnitudes que su propia descripción del problema volvía relevantes, mientras un conjunto de investigadores de la educación insistía en construir índices de composición social por establecimiento y mostraba que el sistema distribuía estudiantes antes incluso de poder evaluarlos. La selección y el copago habían sido tratados hasta entonces como rasgos técnicos del diseño de financiamiento. Que llegaran a ser objeto de debate público y luego de ley supuso que alguien, desde aquellas disciplinas, los describiera como un mecanismo de selección social. En los tres casos, el Estado necesitó una descripción que no estaba en condiciones de pedir.
De ahí la dificultad del criterio que ahora se incorpora. Un evaluador de pertinencia dispone del listado vigente y de nada más, de modo que solo puede reconocer aquello que ya está descrito, y la investigación que produce descripciones nuevas se le presenta con la misma apariencia que la investigación irrelevante: un objeto que no calza con ninguna entrada. Pero el punto es que ninguna de las tres categorías anteriores habría pasado ese examen en su primera década. Cada una tardó entre 10 y 20 años en volverse legible para la administración, y el concurso al que se aplica el criterio dura tres. La pertinencia, así entendida, no distingue bien entre lo que no sirve y lo que todavía no ha terminado de mostrarse.
Contra esto se dirá que las ciencias sociales sí están incluidas. No obstante, la única vía de acceso que el catálogo deja disponible es la preposición: investigación sobre inteligencia artificial, sobre ciberseguridad, sobre adaptación al cambio climático. Nada en las 10 áreas está enunciado en los términos propios de estas disciplinas, de modo que participar exige traducirse a un vocabulario ajeno y aceptar, junto con la traducción, la definición del problema que ese vocabulario transporta. Un postdoctorante que, no debe olvidarse, recién inicia su trayectoria, y que sabe que el 70% de los cupos puede irse a las áreas prioritarias, no necesita que nadie le incentive a reorientar sus problemas.
El dispositivo tampoco se estrena en este concurso. La convocatoria de Doctorado Becas Chile 2026 focaliza su selección en áreas prioritarias definidas por el mismo ministerio, con idéntico umbral tendiente al 70% de la asignación y con seguridad pública y ciberseguridad como focos declarados. El 3 de agosto, ante la Comisión de Futuro de la Cámara, la ministra de Ciencia anunció una revisión completa del diseño del programa que concentrará las becas en áreas estratégicas para el desarrollo, entre las que mencionó inteligencia artificial, cambio climático, ingeniería, astronomía, minería, agricultura y ciberseguridad, luego de las observaciones de la Dirección de Presupuestos y de la suspensión durante 2026 de las convocatorias de magíster y postdoctorado en el extranjero. La formación y la investigación quedan cubiertas por un mismo criterio, que quien inicia una trayectoria académica encontrará dos veces en pocos años, primero al decidir dónde y en qué doctorarse y después al decidir qué investigar una vez doctorado.
Debe recordarse que los problemas públicos no vienen dados. Se constituyen, y la manera de constituirlos determina qué soluciones resultan pensables. Cuando las disciplinas capaces de examinar esa constitución solo son convocadas una vez hecha, la descripción queda fijada por vía sectorial y el examen se queda sin objeto. No hay censura en esto ni hace falta que la haya. Basta con que cada postulante evalúe su propia contribución contra un listado redactado antes de conocer el resultado de la investigación que lo habría corregido, y que lo haga en el momento de la carrera en que está decidiendo qué preguntas va a sostener durante los próximos 20 años.
El costo de esta configuración no lo paga exclusivamente la academia. Lo paga más aún la propia capacidad del Estado de ser observado por alguien que no comparta de antemano su descripción de los problemas, que es la única observación que puede decirle algo que todavía no sabe. Un país puede prescindir de ese tipo de observación en sus catálogos de prioridades durante bastante tiempo sin que ocurra nada visible. Eso es lo que vuelve extremadamente difícil advertir el momento en que ya ocurrió.