"Mitigar el riesgo de extinción de los seres humanos a causa de la inteligencia artificial (IA) debería ser una prioridad mundial junto a otros riesgos a escala social, como las pandemias y la guerra nuclear". La alerta la levantaron Open IA -la empresa que creó Chat GTP-, Microsoft y Google, junto a otros 300 investigadores, políticos y empresarios.
En Chile la situación no es menos preocupante. De hecho, ya llegó hasta tribunales una demanda por un dispositivo que permite monitorear la actividad cerebral de los usuarios, información que luego se almacena en la nube, abriendo la puerta para que la IA pueda ser capaz -incluso- de leer el cerebro de un humano, según han detallado el neurocientífico Rafael Yuste o el exsenador Guido Girardi.
Así, la IA, que se define como el conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos y/o algoritmos que, a través de artefactos o máquinas, intentan emular la inteligencia humana y que pueden ir mejorando ("aprendiendo") en la medida que se recopila información de los mismos procesos, ha mostrado múltiples usos y potenciales beneficios, pero su vertiginoso desarrollo nos plantea desafíos como sociedad, donde el factor ético resulta prioritario y requiere velocidad para actuar.
Y allí las universidades tenemos mucho que decir. De hecho, hace un par de semanas se realizó en la Universidad de La Frontera un encuentro para debatir sobre las temáticas que deben ser incorporadas en la actualización la Política Nacional de Inteligencia Artificial, donde participaron académicos, investigadores y miembros de la sociedad civil. Esto, como parte de la hoja de ruta del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en esta materia.
La conclusión es clara: es necesario actuar rápido y poner todas nuestras energías para lograr la meta que se propuso el Gobierno de lograr aplicar en Chile, de forma pionera en la región, la metodología RAM (por su sigla en inglés de Readiness Assessment Methodology o en español Metodología de Evaluación de Preparación) de la Unesco, que permitirá comprender el estado en el cual se encuentra nuestro país para la implementación ética y responsable de la IA. De hecho, este año, otros 50 países se someterán al mismo instrumento para determinar y comprender las brechas existentes en materias como regulación, economía, ciencias y educación, infraestructura tecnológica y también sobre nuestra preparación social y cultural en la implementación y uso cotidiano de IA.
No hay espacio para demoras. Es importante que todas las partes se plieguen con decisión para avanzar juntos en este sentido. Es necesario poner en valor la necesidad de establecer bordes éticos por donde pueda avanzar la IA. Así, debemos lograr que esta tecnología -en primer lugar- respete los derechos de las personas, pero a la vez asegurarnos que su desarrollo no potenciará las desigualdades y sesgos existentes en la sociedad. También es necesario establecer lineamientos en otras materias como la propiedad intelectual, alfabetización digital o -incluso- la reconversión laboral.
El desafío es enorme. Esta nueva revolución tecnológica representa un nuevo paradigma para nuestra especie, pero también una serie de oportunidades que nos permitirán crecer como humanidad encontrando soluciones a problemas globales y locales gracias al uso de la IA.
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