Litio: miles de millones perdidos en un mal negocio entre Codelco y SQM
El acuerdo entre SQM y Codelco en torno a la explotación del litio en el Salar de Atacama constituye una de las mayores pérdidas fiscales y estratégicas de los últimos años. Bajo la apariencia de un pacto "histórico", el Estado ha renunciado a capturar rentas inmediatas y futuras que, con un modelo de explotación 100% pública, habrían financiado necesidades sociales, tecnológicas y ambientales de gran envergadura. No se trata únicamente de un mal negocio económico: es una cesión de soberanía sobre un bien crítico en la transición energética global.
El contraste internacional revela con claridad el costo de esta decisión. Río Tinto pagó US$ 6.700 millones por la compra de Arcadium Lithium en Argentina, una empresa con capacidad de producción equivalente a la mitad de lo cedido a SQM en este acuerdo. Esa cifra debió ser un referente mínimo para valorar la operación en Chile. Sin embargo, el Estado no recibió pago alguno por adelantado, renunciando a un flujo inmediato de recursos que, en condiciones de licitación transparente, habría asegurado ingresos iniciales, mejores condiciones de explotación y transferencia tecnológica.
En términos concretos, el memorándum de entendimiento otorga a SQM la continuidad de la explotación y una cuota adicional de 300.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) hasta 2060. La ecuación es simple: casi la mitad de las rentas generadas en el Salar de Atacama hasta 2060 quedarán en manos privadas, pese a que el litio, a diferencia del cobre, no es concesionable y corresponde al Estado la explotación exclusiva del bien.
El perjuicio fiscal potencial es monumental. Distintos escenarios de precio y volumen estiman que, bajo un esquema 100% público o con licitación internacional, los ingresos para el Estado habrían oscilado entre US$ 45.000 millones y US$ 365.000 millones. A ello se suma el valor presente del pago inicial perdido de al menos US$ 6.700 millones. Se trata, en definitiva, de una transferencia de riqueza pública hacia una empresa que ya arrastra un historial de irregularidades.
Más allá de lo contable, el acuerdo implica un retroceso en la gobernanza económica del país. El costo también es geopolítico. Chile concentra más del 31% de las reservas mundiales de litio, con ventajas competitivas innegables en calidad y costos de explotación. Sin embargo, al entregar a una empresa privada el control de parte sustantiva de su explotación hasta 2060, el país pierde la capacidad de negociar transferencias tecnológicas y de escalar hacia cadenas de valor más complejas. En otras latitudes, los países que poseen bienes naturales estratégicos negocian condiciones que potencian la industrialización y multiplican el valor agregado; en Chile, en cambio, se cede la posibilidad de orientar el destino de un mineral clave para el futuro energético global.
En el actual contexto de urgencia climática y transformación energética, la sostenibilidad de los bienes naturales adquiere un carácter estratégico. Chile, de acuerdo con el informe oficial del U.S. Geological Survey (USGS, 2025), posee 9.300.000 toneladas métricas de reservas de litio. Sin embargo, el nuevo acuerdo de explotación autoriza la extracción de hasta 300.000 toneladas anuales durante los próximos 30 años, lo que, de mantenerse ese ritmo, conllevaría el agotamiento total de nuestras reservas al término del contrato. En otras palabras, este esquema compromete la disponibilidad futura del mineral y expone al país a quedarse sin litio para las próximas generaciones, hipotecando su soberanía sobre un bien crítico para el futuro energético global.
Para comprender de forma más profunda los alcances de este acuerdo es fundamental además observar la dinámica del mercado global. Según los datos de U.S. Geological Survey (USGS, 2025). En 2024, la producción mundial de litio, excluyendo a Estados Unidos, aumentó 18%, al pasar de 204.000 a 240.000 toneladas, sostenida por la creciente demanda de baterías de ion-litio, los altos precios registrados entre 2021 y comienzos de 2023 y la ampliación de la capacidad extractiva a nivel internacional. En paralelo, el consumo global trepó hasta las 220.000 toneladas, lo que representa un incremento del 29% respecto de 2023. Estas cifras confirman que el litio se encuentra en plena fase de expansión y que, en este contexto, ceder control sobre su explotación implica para Chile desaprovechar una oportunidad histórica de liderazgo.
Así, estas cifras reflejan un escenario de alta competencia internacional en el que Chile, lejos de fortalecer el control público sobre sus bienes, entrega una porción estratégica de su producción a un privado, debilitando así su posición en un mercado en plena expansión.
En definitiva, este acuerdo no solo compromete ingresos fiscales que habrían transformado la matriz de financiamiento público, sino que además socava la soberanía económica y debilita la estrategia nacional del litio. El Estado chileno tenía la oportunidad histórica de liderar, a través de Codelco y Corfo, la explotación íntegra del Salar de Atacama. En vez de ello, se optó por perpetuar la dependencia de un privado que, hasta hoy, representa el símbolo de la privatización irregular de los bienes naturales estratégicos. El resultado es claro: Chile pierde recursos millonarios, poder de negociación y protagonismo en la transición energética mundial.
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