Deuda pendiente, infancia y municipios
Probablemente una de las tareas que tomarán la agenda política de la actual administración del Presidente Sebastián Piñera será la de mejorar las políticas de infancia.
No por casualidad el Presidente hizo un gran llamado, aunque a mi juicio aún insuficiente, a constituir una comisión para trabajar en esto, donde autoridades de Gobierno y del poder legislativo acudieron, restándose otras producto de diferencias políticas o en solidaridad con quienes no fueron convocados.
Sin embargo, una vez más y como ha sido la tónica de los últimos años, se ha dejado fuera a quienes probablemente son los actores más relevantes e influyentes en el diario vivir de nuestras comunidades, los municipios.
¿Sabrán las autoridades de Gobierno o parlamentarios lo que significa administrar OPD’s para apoyar una política de infancia insuficiente, restrictiva y por sobre todo enmarcada dentro de criterios jurídicos que dejan nulo espacio a la innovación o al desarrollo?
¿Sabrán que la precariedad salarial y contractual sólo alcanza para contratar profesionales egresados de Instituciones y que con mucho esmero realizan su tarea, pero la mayoría buscando mejores expectativas laborales, truncando muchas veces un trabajo serio y responsable?
¿Sabrán las autoridades que discutir en nuestras comunas temas como Abuso Sexual Infantil, vulneración de derechos, educación preventiva en temas de drogas y alcohol, entre muchos otros dependen de la voluntad política (y muchas veces financiera) de los municipios y de los alcaldes de turno?
Podría seguir realizando cuestionamientos al respecto, pero la gran pregunta es por qué se deja afuera a quienes día a día y con mucho esfuerzo tratamos de brindar calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas, pero también jugamos un rol importantísimo en materia de protección de derechos.
Los municipios tenemos mucho que aportar, tenemos propuestas e ideas que permitan mejorar e incentivar el uso de los recursos, podemos innovar, y trabajar codo a codo junto a nuestras familias, sobre todos las más vulnerables.
Felicito el debate que se está abriendo, sobre todo cuando se han conocido casos tan desgarradores como el de la pequeña Ambar, o los otros 12 mil casos de niños, niñas y adolescentes que han sufrido abusos en los últimos años según cifras de la Corporación de Derechos Sexuales y Reproductivos (MILES), pero considero que dejar fuera a quienes estamos en contacto diario con la ciudadanía no sólo es un error histórico, sino significará nuevamente realizar políticas públicas que serán ineficientes y probablemente deberán ser financiadas con recursos inexistentes, exigiendo una vez más las alicaídas arcas municipales.
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