El remedio peor que la enfermedad

Hoy por hoy, parece estar muy presente el tema de la participación ciudadana, así como también hemos presenciado en nuestro país un re-surgimiento de los movimientos sociales y de cómo estos van ganando un creciente protagonismo en el espacio público.

Sin embargo, es posible constatar que en nuestra sociedad la participación ciudadana lucha por habitar un escenario de dobles discursos: por un lado, se aboga por ella desde el Estado y la sociedad civil y, por otro, hay una fuerte tendencia de las autoridades a silenciar los conflictos sociales apelando a discursos de unidad, en una ansiedad por generar consensos que supuestamente disolverán las tensiones, mas parecen corresponder a las clásicas soluciones “parche” que tanto desdeñamos.

Todos hablan de participación, pero es evidente que cada uno piensa y proyecta las posibilidades fácticas de dicha participación desde marcos interpretativos muy diferentes.

La participación es un derecho connatural a la democracia y es deber del Estado promoverla y garantizarla a como dé lugar.

Mientras más participativo y democrático sean tanto el sistema político como el modo de organizarse de la sociedad, mejores condiciones habrá para la construcción de sociedades más justas y fraternas.

Por lo mismo, es fundamental que todas las estrategias que se ideen para enfrentar problemas a nivel público – los que atañen a todas y a todos-, sean diseñadas y ejecutadas con la mayor cantidad de actores posibles.

Más aún, cuando se tratan de sustanciales problemáticas como las relativas al derecho a la educación, el derecho a la salud, a un trabajo digno, a una vivienda digna, etc., las que se suscitan desde un plano vital fundamental y de supuesto interés común para todos los actores sociales, es sólo razonable y justo pensar que la tendencia debe apuntar a procesos de resolución eminentemente participativos, lo que quiere decir no impuestos o meramente consultivos para los miembros de la comunidad que no están en el poder.

Dentro de poco tiempo, se promulgará la nueva política de vivienda que otorga subsidios para las familias más pobres de nuestro país.

Hasta hoy, funciona el Fondo Solidario de vivienda que opera con especial énfasis en que las familias tienen que organizarse como comité para acceder al beneficio. Por esto, si en la actualidad alguien desease, de manera individual, acceder a estos fondos, no podría, pues está conminado a organizarse en comunidad, soñar su barrio y trabajar por la dignidad de éste con todos sus vecinos.

Pero esto no continuará así en el marco de la nueva política de vivienda, pues ésta no resguarda un principio de trabajo comunitario en el diseño de sus procesos de postulación a los beneficios, pasando a ser sólo optativo el trabajo comunitario para poder optar a los mismos. Se hace el énfasis en la libertad de “elección” de las familias para buscar cómo y dónde se quiere ir pero cabe señalar que esto no significa verdadera participación ni inclusión social real.

Pero, ¿Cuál es el problema de todo esto?

Primero, que esto último es un decreto presidencial y no una ley que sea debatida -al menos- por los parlamentarios. Me parece que algo que incide tanto en la vida de las personas – en este caso, de las personas más pobres del país- como resulta ser el proceso de optar a la vivienda definitiva y a la construcción de un barrio, debiera asegurar debate y reflexión de los distintos actores que se ven involucrados en el mismo.

Con todo esto, quisiera apuntar a que ésta no puede ser una decisión que se tome entre cuatro paredes o entre conversaciones con los amigos del ministerio, porque es fundamental que participen en ella las personas involucradas, es decir, las familias que son sujetos de este derecho.

Uno podría preguntarse, ¿le interesa al Estado que este grupo humano históricamente vulnerado en sus derechos sea un ciudadano activo?

¿No será que se prefiere mantener al casi 20% de la población “quietecita” como meros beneficiarios de sus apoyos financieros?

¿Por qué no diseñar procesos que resulten de base participativos, donde los ciudadanos a los que representan supuestamente quienes están en el poder sean verdaderos sujetos de derechos, activos protagonistas de las necesarias actualizaciones de las políticas públicas que los involucran directamente?

Un elemento indispensable para intentar acabar con nuestras escandalosas desigualdades y la vergonzosa exclusión de los más pobres es la PARTICIPACIÓN REAL, es decir, que ellos mismos sean protagonistas de la elaboración y ejecución de aquellas políticas que tanto tendrán que ver con ellos y con aspectos esenciales de sus vidas.

Basta ya de programas analgésicos que no promueven ni transforman la sociedad desde sus más profundas heridas.

Ciudadano es todo aquel que puede intervenir en la sociedad y produce efectos en esta, es aquel que se considera igual a todos y tan dueño de la sociedad como cualquier otro.

Por ello es urgente que toda política pública tenga un radical cambio de enfoque, que pase de la acción puntual donde hay un grupo que es beneficiario pasivo a un enfoque centrado en los derechos que tienen las personas para ser actores relevantes de su vida, de las decisiones y de la sociedad toda.

Es tiempo de que estas políticas dejen de buscar números para programas de gobierno y que fomenten, de manera seria y responsable, que aquellas personas que histórica y estructuralmente han sido discriminados sean protagonistas de su nueva realidad.

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