Polémica en Peñalolén por Plan Regulador

El mediático y convincente alcalde Claudio Orrego desea modificar el instrumento de planificación urbana en la comuna que dirige porque, según él, es necesario actualizar ciertas normas de edificación y vialidades para facilitar el ineludible crecimiento de la inversión inmobiliaria.

Para ello anunció tiempo atrás que se habían iniciado los estudios de rigor para tal propósito e ingresó en la institucionalidad que vela por el medio ambiente una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la que prestamente mediante una resolución ad hoc fue calificada en forma favorable por el cuerpo colegiado (Corema) que está a cargo de analizar y resolver los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Ante tal evidencia los vecinos se organizaron y bajo la conducción del concejal Lautaro Guanca iniciaron la tarea de conseguir las firmas necesarias ante notario público para convocar a un plebiscito, en los términos fijados en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Así serían los ciudadanos inscritos en los registros electorales de Peñalolén los que decidieran algunas materias de importancia contenidas en el proyecto oficial.

Se juntaron un poco más de las firmas requeridas y el 11 de agosto pasado los dirigentes, entregándole al alcalde los documentos de 5.447 personas residentes en dicha comuna, le solicitaron que sometiera a la voluntad del pueblo algunos cambios urbanísticos que se proponían.

Estos vecinos planteaban que :

1) La apertura de la Av. Las Perdices, entre las vías José Arrieta y Grecia, para conectar más adelante las comunas de Las Condes con La Florida, lo cual significaría destruir el originario pueblito de Peñalolén.

2) La densificación (1.600 habitantes por hectárea) del borde oriente de la Av. Américo Vespucio, entre las vías José Arrieta y Departamental, eliminando vastas áreas verdes de esparcimiento y desnaturalizando la conocida población Lo Hermida.

3) La desafectación del 50% del Parque Arrieta, ex terreno de Miguel Nasur, conocido porque estuvo tomado durante un prolongado tiempo. Con este hipotético cambio de uso de suelo se posibilitaría la construcción de viviendas sociales para los más pobres.

Debían ser decididos imperativamente por quienes fueran a sufragar, ya que la comuna le pertenece a quienes allí residen y no a autoridades locales que, en ciertos casos, son meras aves de paso.

Ante este escenario y para truncar el deseo de los convocantes al plebiscito, el 1º de septiembre pasado, la mayoría del Concejo Municipal de Peñalolén, acordó convocar a otro plebiscito previsto para el domingo 11 de diciembre próximo, en el cual los ciudadanos que vayan a votar tendrán que aprobar o rechazar todos los cambios decididos por el municipio.

Es decir, tendrán que optar cerradamente por el SI o el NO.

Mientras tanto, la Corte de Apelaciones de Santiago había declarado nula, por ser contraria a derecho, la DIA de este Plan Regulador aprobada por la ex Corema. A sabiendas que la anterior era trucha, Orrego con sus boys preparó una express Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) requerida para este tipo de casos a partir de la modificación de la Ley Ambiental.

La nueva Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) que reemplazó a la Corema ya le dio el visto bueno a esa EAE, de tal forma que el plebiscito determinará si hay un nuevo Plan Regulador en Peñalolén.

Como carece de sentido votar SI o NO, lo razonable es desagregar los aspectos específicos que se someterán a votación, que son los 3 señalados anteriormente y tenga en cuenta la demanda de la Comunidad Ecológica de Peñalolén que, ocupando 150 hectáreas en la zona alta de esa comuna, exige el cumplimiento del Protocolo de Acuerdo suscrito el 4 de marzo de 2004, por el ministro de Vivienda y alcalde de la época, con los representantes legales de la Universidad Adolfo Ibáñez, Desarrolladores Inmobiliarios de Peñalolén, Coordinadora Peñalolén Oriente, Pobladores Campamento Peñalolén, Un Techo para Chile y la referida Comunidad Ecológica.

Lo anterior, por cuanto se desea violar ese Protocolo a través de densificar, permitiendo así la consecución de proyectos inmobiliarios ajenos al estilo sustentable allí existente e incorporar equipamientos comerciales en una franja de ese territorio protegido.

Estamos seguros que Orrego, posiblemente futuro alcalde de Santiago, rectificará a tiempo para que el plebiscito ad portas contemple las preguntas en comento y retire de su proyecto las modificaciones urbanísticas que vulnerarían el formal Protocolo que hemos aludido.

En caso contrario, si el alcalde insiste en su amañado plebiscito, no tendría sentido ir a votar.

Si ello ocurre, sólo los acérrimos seguidores de Orrego se tomarán el tiempo para ir a sufragar y así convalidar una votación favorable que es esperada por el influyente sector de la construcción.

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