Una burla la Transparencia municipal

El Consejo para la Transparencia entregó la semana pasada un informe sobre Transparencia Municipal en Chile. Según su fiscalización el cumplimiento de 242 obligaciones que determina la ley y 38 buenas prácticas para la Transparencia Activa alcanza a penas un promedio del 30,26% en los 345 municipios del país, lo que llevado a nota en nuestra escala escolar equivale a sacarse un 2,1. La Transparencia Activa es la publicación en los sitios web de los servicios públicos, de la información que la ley les obliga a tener a disposición de la ciudadanía.

Este desempeño municipal es una burla a la ley de Transparencia y al derecho ciudadano a la información.

Debe quedar claro: poder acceder a la información que tienen los servicios públicos, entre ellos las municipalidades, es un derecho ciudadano y ese derecho está garantizado por ley.

En consecuencia, la publicidad de la información no es una concesión graciosa ni un acto voluntario, sino una obligación de las instituciones públicas. En la misma línea se deduce que la ciudadanía tiene el derecho a exigirla, no solo a solicitarla como quien pide un favor.

Además podemos agregar que la obligación es tener la información completa y en las condiciones que exige la ley. Más aún, de preferencia, disponerla con las características de buenas prácticas recomendadas por el Consejo para la Transparencia, encargado de velar para que la ley se cumpla.

En relación a esto último, hay que aclarar que las facultades y los recursos que este organismo tiene para cumplir su mandato son limitados, por lo que ante la situación de incumplimiento a la ley que advierte en su estudio no puede hacer mucho más que publicarla, instar a cumplirla, recomendar buenas prácticas y en el mejor de los casos, encargar sumarios administrativos a la Contraloría General de la República.

Por otra parte, los ciudadanos y ciudadanas que vemos violado nuestro derecho asistimos a este tipo de situaciones con algo de resignación, como si la violación de la ley por parte de organismos públicos fuera algo normal o una prerrogativa de las autoridades. Por lo mismo, los hechos pierden gravedad en la conciencia y en la opinión pública.

Necesitamos tomar conciencia como ciudadanos y ciudadanas respecto a nuestra pasividad ante la evidencia de que autoridades públicas violan nuestro derecho a disponer de la información que es nuestra como “sin querer queriendo” y nosotros aceptándolo como “sin saber sabiendo”.

Es justo decir que en el desastroso promedio municipal en transparencia, obviamente hay municipalidades que están mucho mejor que otras y que su compromiso con el cumplimiento de la ley es destacable. Especialmente es valorable que municipalidades de comunas pobres estén entre las mejor evaluadas, mostrando que la escasez de recursos no es un impedimento para poner la información a disposición de la ciudadanía. En esos casos la “voluntad política” ha sido más fuerte y ha vencido las dificultades.

Es llamativo, en esta línea que las cinco municipalidades que mejor cumplen la ley son Peñalolén, San Bernardo, La Reina, Hualpén y Codegua, comunas de distinto tipo y riqueza, mientras que la municipalidad de Providencia, que está entre las cinco más ricas del país, sólo alcanza el 42% de cumplimiento, lo que equivale a sacarse una nota de 2,9.

Volviendo al tema de los principios me parece que esconder información, que según la ley es pública, es una falta grave a la que todavía la sociedad en su conjunto no le ha tomado el peso.

¿Por qué se juzga distinto a la información que al dinero u otros bienes de carácter público?

¿Por qué una autoridad que guarda información para su uso y el de sus cercanos no se le sanciona como si usara solo para sí y su gente computadores destinados a la comunidad?

“Saber es poder” reza un dicho de sabiduría común, que hemos comprobado que se cumple en casos reales de comunidades que, gracias al acceso a información pública, han logrado resolver situaciones vitales para ellos. Algunos de esos casos los mencioné en mi columna de opinión publicada anteriormente en este mismo medio.

Sin embargo, al parecer en nuestra conciencia ciudadana la transparencia no es un valor muy apreciado y, en general, los bienes inmateriales, como la información, no son tan valorados como los bienes materiales.

El desafío por tanto es doble: por una parte la institucionalidad pública tiene que adecuarse a las exigencias legales, mediante cambios en la forma de manejar la información que poseen para que esté efectivamente disponible, con nuevas prácticas de los funcionarios y dotando al organismo fiscalizador con los recursos necesarios para hacer cumplir la ley.

Por otra parte, la ciudadanía tiene que tomar conciencia sobre el valor de la transparencia y sobre su derecho a la información, y comenzar a exigir su derecho y a reclamar ante su incumplimiento.

El informe completo en: http://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/artic/20120427/asocfile/20120427111106/fiscalizacion_municipal_ab2012.pdf