Nueva Constitución: Aprovechar la oportunidad de justicia territorial

Ignacia Fernández

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Días antes de las elecciones del 15 y 16 de mayo, la Fundación Chile Descentralizado dio a conocer sus propuestas en materia de descentralización para la nueva Constitución. Se trata de un conjunto de mínimos comunes necesarios que, a excepción de lo que dice relación con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y el Estado plurinacional, seguramente encontrarán un amplio consenso entre fuerzas políticas y sociales de todo el espectro.

Es que la necesidad de avanzar en materia de descentralización genera cada vez mayor acuerdo. Las y los habitantes de regiones distintas de la Metropolitana están ahogados de centralismo, como también lo están quienes, viviendo en la RM, lo hacen en comunas periféricas o alejadas del centro de toma de decisiones política y económica. Por estos días, cuando muchas regiones debaten -por primera vez en su historia- sobre proyectos alternativos de desarrollo territorial no está demás revisar estas propuestas de cara a una agenda que permita avances sustantivos en materia de justicia territorial.

Más allá de los acuerdos mínimos que propone Chile Descentralizado, hay evidentes diferencias en el diagnóstico que subyace a la necesidad de la descentralización, de las que la propuesta de los autodenominados 23 no se hace cargo del todo. Mientras que para sectores más conservadores la descentralización es un asunto de modernización y eficiencia del Estado, que apunta -en la lógica del principio de subsidiariedad territorial propuesto por Fundación Chile Descentralizado- a priorizar la acción de los gobiernos locales por sobre el nivel regional e intermedio de gobierno, estamos quienes radicamos la urgente necesidad de descentralización en una cuestión de justicia territorial.

Nuestros gobiernos regionales y municipalidades requieren más autonomía política y económica porque sólo así podrán contribuir significativamente a las enormes brechas de desigualdad territorial que caracterizan a Chile.

El momento constituyente representa un escenario especialmente propicio para hacer ver esta situación. La actual Constitución está plagada de normas que impactan directamente sobre la inequidad territorial, pues permiten (y fomentan) la excesiva concentración de la actividad económica en unos pocos territorios, la escasa regulación ambiental con consecuencias palpables para quienes viven en zonas de sacrificio o deben abastecerse de agua potable a través de camiones aljibes, o las permanentes restricciones que enfrenta la ciudadanía para participar de forma activa en la decisiones sobre asuntos que les competen.

Una propuesta de descentralización que parta de un diagnóstico como el descrito debe superar la mirada centrada en aspectos político-administrativos, para abordar con decisión estas cuestiones y ofrecer a Chile y sus habitantes una alternativa viable para asegurar que el lugar donde una persona vive o nace no determine sus posibilidades de bienestar.