¿La cultura no vale? Nuevas reducciones en el presupuesto de Cultura

El proyecto de Ley de Presupuestos, 2019, presentado por el gobierno para financiar parte del quehacer del ministerio de las Culturas,  las Artes y el Patrimonio, una vez más pone en el centro la sustentabilidad económica del modelo cultural que prevalece en Chile.

Por una parte, crece en un 4% y paralelamente se eliminan recursos que fomentan la difusión del arte y las culturas de los pueblos originarios o se disminuyen recursos en importantes programas de formación y apreciación artística vinculados a la educación, entre otras iniciativas.

Sobre los recortes económicos, la autoridad aduce el gasto que significa  la instalación de la nueva institucionalidad cultural, esencialmente el contrato de nuevos funcionarios públicos y menos precariedad laboral para los actuales.

A renglón seguido, se disminuyen recursos económicos de importantes centros culturales destinados a que la gente acceda a las culturas y participe de iniciativas que cultivan la apreciación artística.

Es posible que la decisión de la autoridad no considere el aporte formativo de instituciones con más de una década de experiencia y sólo releve el discreto impacto de algunos centros culturales, diagnóstico señalado por la primera ministra de las Culturas del actual gobierno.

Pero sin duda, esta reducción de recursos mermará aún más los efectos en la población y la falta de dinero consolidará a estos espacios como centros de eventos de trasnacionales  y/o inventarios de “bazares turísticos”.

Por otra parte, proponer que la disyuntiva está entre mayor acceso o mejores condiciones laborales para los trabajadores del Ministerio, es injusto con las personas que dan vida a la nueva institucionalidad, pues se les utiliza como excusa para no mantener y/o mejorar la oferta cultural que el Estado brinda a los sectores medios y populares.

Las cifras entregadas en la  Cuarta Encuesta Nacional de Participación Cultural 2017, si bien dan cuenta de un modelo agotado, también de los insuficientes esfuerzos que el Estado realiza por ampliar el acceso a las culturas, cuya responsabilidad es de quienes toman decisiones en el sector y no de quienes laboran en el aparato estatal.

A la disminución de recursos presupuestarios, se debe sumar que por vía de no realizar actividades y programas comprometidos en el presupuesto del presente año, información que se desprende de la limitada ejecución presupuestaria del Ministerio, el Estado estaría ahorrando dinero que no será gastado durante el 2019, recayendo en los trabajadores la falta de competencia y no en sus autoridades.

Asumir una nueva institucionalidad cultural presupone no sólo la voluntad de ponerse “pantalones largos”, además, requiere financiar la transformación que significa dotar a Chile de esta institucionalidad, disponiendo los recursos que aseguren el cumplimiento de las políticas culturales definidas para el periodo 2017-2022, de cuya construcción participó el Estado.

Por ejemplo, la orientación referida a la democracia y participación cultural, que indica bregar por la “Equidad e inclusión de personas y comunidades creadoras, participación activa, acceso social y territorialmente equitativo”, se vulnera en el actual presupuesto.

Nuevamente, las políticas culturales nacen para morir en el momento en que son presentadas por el/la Ministro/a de turno, sin constituirse en ejes que conduzcan el quehacer cultural del país. Situación que, entre otras consecuencias, no valora la colaboración de cultores, artistas ni a la sociedad civil involucrada en el diseño e implementación de las culturas y las artes.

Por lo anterior, se hace necesario que se rectifiquen las prioridades y el gobierno adquiera un compromiso efectivo con las culturas y las artes, adicionando los recursos suficientes para tal efecto y promueva el  ahorro fiscal en otras áreas o temáticas que nada aportan a la ciudadanía.

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