Fin a la multipropiedad: un paso a la integridad y modernización en el deporte profesional

Paulina Núñez Urrutia

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Como presidenta de la Comisión de Constitución del Senado he priorizado un proyecto largamente esperado, como es "la reforma a la Ley 20.019 sobre Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales". Lo hice con convicción, porque entiendo que el deporte profesional no puede seguir funcionando bajo lógicas de opacidad y conflictos de interés.

Este ha sido un trabajo sostenido desde que el senador Matías Walker me planteó la necesidad de abordar la multipropiedad en el fútbol chileno, la cual acogí convencida de que era un tema de total relevancia para nuestro deporte profesional. Desde entonces, junto a la senadora Luz Ebensperger, quien ha sido un tremendo aporte en la discusión y el resto de los integrantes de la comisión, hemos avanzado en una propuesta que pone fin a un problema que se ha extendido silenciosamente por años: el control cruzado de clubes por parte de grupos económicos o personas relacionadas.

El proyecto busca terminar con los conflictos de interés que surgen cuando un mismo grupo económico controla más de un club de la misma liga. Casos como Sartor y Azul Azul, o las irregularidades detectadas en San Antonio Unido, muestran por qué es urgente proteger la competencia leal y la confianza de los hinchas.

El nuevo artículo 21 del proyecto que hemos impulsado establece una prohibición clara y exigible de la multipropiedad. En primer lugar, para el fútbol profesional una regla absoluta en cuanto a que, ninguna persona o fondo podrá tener participación en más de un club, directa o indirectamente. En otras disciplinas profesionales, la limitación aplica desde 3% de participación accionaria o de voto, para evitar influencias indirectas o encubiertas.

Además, la norma obliga a declarar los beneficiarios finales, es decir, a revelar quién está realmente detrás de una sociedad o fondo de inversión, evitando el uso de estructuras intermediarias para ocultar la propiedad. Si alguien incumple, deberá vender sus acciones en un plazo máximo de tres meses, bajo sanción de multa, inhabilitación y pérdida de derechos políticos y económicos.

La fiscalización estará a cargo de un sistema mixto: la propia liga, el Instituto Nacional del Deporte y la Comisión para el Mercado Financiero. Todos cruzarán información para seguir la trazabilidad de la propiedad y detectar vínculos ocultos.

Con esta reforma avanzamos hacia un deporte más justo, transparente y profesional, que devuelva al fútbol chileno la credibilidad y la integridad que merece.