Covid-19, una mirada desde los DDHH
En plena evolución del COVID -19, catalogada como la Pandemia del siglo XXI, no es posible permanecer impávido o como indiferente espectador mientras la realidad nos muestra que la vida no es un show y que aún, con todo el poder económico, militar y de si eras miembro del G8, G9 o cualquier otra nomenclatura utilizada en la era global para definir a los países de élite v/s los países vasallos que luchan día tras día por ser “modernos”, el COVID-19 amenaza la vida del planeta en su conjunto y pone en evidencia la miseria humana y el tipo de sociedad que hemos construido. Hoy, somos globalmente, una frágil y vulnerable humanidad.
En América Latina y en el mundo en su conjunto, la velocidad de expansión de la Pandemia y el progresivo colapso de los sistemas de salud, sumado a las erráticas decisiones de políticas públicas en que han incurrido la mayoría de los Gobiernos, nos lleva inevitablemente a la más cruda constatación de que la salud no puede seguir siendo un objeto de consumo o un bien privado sino por el contrario, debe ser un bien público garantizado, porque a la base de ello está la vida, como el bien más preciado que toda sociedad y todo Estado, tiene la obligación ética y moral de proteger.
En este sentido, tengamos en consideración que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece tales derechos como garantías jurídicas universales, que protegen a individuos y grupos, contra acciones que interfieran en sus libertades fundamentales y en la dignidad humana.
Por tal motivo, están avalados por normas internacionales y gozan de protección jurídica pues se centran en la dignidad que todo ser humano posee de forma inalienable, razón por la cual, todo Estado y sus agentes, tienen la obligación de promover, proteger dichos derechos y además, que por tratarse de derechos universales, el Estado, no puede abolirlos por su acción o decisión sin que ello signifique, una flagrante violación de los mismos.
Por este motivo, la Organización Mundial para la Salud (OMS) sostiene que, “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.” Ello, implica o incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.
En el caso chileno, el derecho al “grado máximo de salud que se pueda lograr” exige de políticas públicas que basadas en un conjunto de criterios sociales, propicien la salud de todas las personas y además, garantizando entre ellos, la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguro, viviendas adecuadas y alimentación básica necesaria.
El goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado también, con otros derechos humanos tales como alimentación, vivienda, trabajo, educación, no discriminación, acceso a la información y la participación.
El derecho a la salud también, involucra libertades y derechos.
Al analizar desde los Derechos Humanos, las políticas públicas y/o programas de salud que el actual Gobierno está impulsando, definitivamente están al límite. No está garantizando el trabajo seguro del personal que labora en los hospitales y/o Centros de Atención de Salud y esto no es sólo por saturación o colapso a raíz del COVID-19 sino por el evidente abandono y precarización de la salud pública, a razón de las políticas neoliberales.
Los pobres, el gran aguijón para las políticas públicas neoliberales en su intento de invisibilizarlos ya que no logran incorporarse en los circuitos económicos y/o de consumo propios del modelo y con el COVID-19, una vez más, serán quienes lo vivan en desprotección profunda por parte del Estado,
Finalmente, el COVID-19 nos ha demostrado la precariedad del Estado neoliberal. Si el Estado en momentos críticos como estos no despliega sus capacidad protectora difícilmente lo hará en tiempos de calma.
Por ello, es nuestro deber moral lograr una sociedad donde la economía esté al servicio de la vida, de su sostenibilidad y un sistema de salud que garantice la salud como un derecho humano inalienable, sólo así será posible una sociedad libre, democrática, y en paz.
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