Impedir que se incite a la violencia no es sinónimo de censura

La libertad de expresión es el derecho fundamental de decir y emitir libremente opiniones, así como no ser molestado, agredido o violentado por las mismas. Con esto en claro, no olvidemos que esta garantía se limita bajo el concepto de dignidad humana, irradiando e inspirando todo el catálogo de derechos humanos, y que consiste en la necesidad que tiene cada ser humano a ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares por el solo hecho de ser persona.

Con esto presente y considerando el proyecto de ley presentado por la Presidenta, Michelle Bachelet, damos cuenta de un discurso peligroso que se ha instalado en el país, que incita al odio y la violencia, dañando abiertamente la dignidad de aquellos contra quienes se dirige.

En hechos, el pasado mes de junio aparecieron repartidos en distintos sectores de Santiago carteles xenófobos, que llamaban públicamente a inmigrantes como indeseables, que generan inseguridad, delincuencia, tráfico de drogas, usura, entre muchos otros prejuicios.

Estas expresiones, acompañadas de un llamado a expulsarlos a la fuerza, va más allá de la libertad de expresión de un pensamiento o idea.

El proyecto del gobierno surge de la necesidad de contar con una legislación que se haga cargo de este lamentable fenómeno social, sancionando penalmente el germen de violencia que pueden llegar a constituir hechos objetivos de incitación pública al odio como los descritos, puesto que constituyen el paso anterior a la violencia, promoviendo la hostilidad y constituyendo una verdadera instigación a cometer actos delictivos colectivos contra ciertos grupos humanos por meros prejuicios.

El proyecto, que surge de una moción de la bancada socialista, busca sancionar con penas de cárcel a quienes públicamente emitan este tipo de mensajes que incitan a la violencia por motivo de su raza, etnia o grupo social, sexo o religión, así como todas aquellas que están establecidas en la denominada ley Zamudio.

La iniciativa apunta a evitar y castigar la violencia antes que esta se provoque, eliminando las consecuencias negativas que estas incitaciones pueden producir a otros seres humanos, víctimas de estos actos y discursos de odio en su contra.

Con esta propuesta legal contribuimos, decisivamente a erradicar de nuestra sociedad cualquier germen de xenofobia y discriminación y, por el contrario, el país siga siendo una tierra de asilo y hermandad para todos y todas que han buscado hacer de estas tierras una nueva patria y hogar.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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