Mujeres, hacia la soberanía del tiempo y del cuerpo

Ante el lugar común, siempre es pertinente recalcar que el Día Internacional de la Mujer no es una celebración, sino una conmemoración. El llamado de esta fecha de carácter mundial invita tanto a la reflexión como a la acción en términos de proteger la dignidad y la autonomía ganada por las mujeres en las últimas décadas de su propio desarrollo.

Hoy, el mundo camina sobre la cuerda floja de las dicotomías. Se profundiza la crisis respecto a una idea fundacional de lo que es la libertad. Sin ir más lejos, en nuestro país mientras las élites políticas se deslumbran por el auge y las promesas de productividad de un gobierno de nuevo signo político, en los pasillos de los hospitales públicos la realidad de las mujeres trabajadoras es otra. Son estas jefas de hogar quienes sostienen el 70% del sistema sanitario nacional trabajando bajo la presión constante de lograr esa eficiencia sin tener dónde dejar a sus hijos. Esto no representa solo una falla administrativa; es una decisión política de precarización.

La Ley de Sala Cuna Universal ha transitado por años de estancamiento, siendo uno de los síntomas más críticos de este retraso social. La intención latente de privatizar los cuidados y la lógica del "voucher" -impulsada por sectores que hoy buscan retomar el poder- amenaza con convertir los derechos humanos en un ticket de beneficios al portador. Para las trabajadoras de la salud, que cumplen turnos de 24 horas enfrentando el dolor ajeno, la sala cuna no es un beneficio opcional, sino un imperativo de dignidad. Privatizar el cuidado infantil es encarecer la vida, disminuir el rol protector del Estado y, en última instancia, empujar a la mujer de vuelta a un entorno de dependencia. El machismo se reproduce con fuerza en cada espacio donde la mujer carece de autonomía económica y redes de apoyo público.

Ante la posibilidad de un viraje político hacia sectores conservadores, la agenda de derechos de la mujer corre un peligro existencial. No se trata solo de presupuestos, sino de la soberanía sobre el propio cuerpo y el proyecto de vida. Existe una conexión vital entre las demandas de la salud y el derecho a decidir: desde la lucha por una Ley de Aborto hasta la implementación de las 40 horas laborales, que gradualmente debe traducirse en soberanía sobre el tiempo propio. Asimismo, el debate sobre la eutanasia o el derecho a decidir sobre el final de la vida cobra especial relevancia cando consideramos sobre quién recae principalmente la carga de los cuidados paliativos dentro de los hogares chilenos: la mujer.

El estancamiento de estas leyes en los poderes Ejecutivo y Legislativo, que parecen priorizar dogmas o mercados por sobre la realidad social, precariza la condición humana. La libertad de voluntad no puede ser coaccionada por instituciones que han fallado sistemáticamente en proteger a las más vulnerables. Los países que han alcanzado el desarrollo real lo han hecho fortaleciendo lo público; un Estado de bienestar no es un eslogan, sino la garantía de que la pobreza no consuma a quien entrega su vida por la salud de otros.

Esta genealogía de lucha encuentra ecos en figuras fundamentales de la historia de Chile. La sensibilidad de Gabriela Mistral y la rebeldía de Violeta Parra ante la injusticia social resuenan hoy en las salas de espera. El sacrificio de Lumi Videla por la democracia y el trabajo pionero del Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (Memch), fundado por Elena Caffarena y Graciela Mandujano, sentaron las bases de una autonomía económica y biológica que aún se disputa. Esta inspiración, que es justo destacar en el desempeño de las trabajadoras de la salud pública -tanto técnicas como profesionales- son hilos que sostienen el tejido social en tiempos de necesidad y precariedad para muchos.

Cada 8M debe ser entendido como una barricada del pensamiento y la gesta por los derechos de la mujer trabajadora, como la unión de fuerzas a favor de un país donde ser mujer no sea sinónimo de precarización y donde el Estado sea, por fin, el refugio de los derechos y no el yunque de los intereses privados.

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