Ley de indulto general y sus aristas
Al finalizar la semana regional se va a retomar la tramitación de una moción que propone un indulto general a los presos del estallido social, pero sin distinguir condenados de imputados.
Insisto en que aquello impacta en la prohibición que tiene el Congreso de abocarse a causas pendientes. No sólo eso, sino que acerca peligrosamente los efectos del indulto general con la amnistía, al suprimir la calidad de condenado para todo efecto legal, pasando a llevar con ello la coherencia de nuestro sistema al enfrentar futuras regulaciones.
He señalado que no se puede instaurar la posibilidad de un indulto a personas que no han sido condenadas y que están en pleno proceso judicial, porque en la práctica estamos dando una mala señal, justificando hechos de violencia. Lo que se propone es indultar a quienes atentaron no sólo contra bienes públicos y privados, sino contra la democracia.
En ese sentido, y bajo estas circunstancias, no puedo concurrir con mi apoyo a tal propuesta, ya que esta instancia además extingue la posibilidad de perseguir esos delitos. Soy un convencido de que no hay democracia sin condena a la violencia, y no estoy disponible para permitir que aquellos casos en que hubo daño a compatriotas -a su patrimonio, trabajo, seguridad y su dignidad- puedan ser amparados como actos de lucha por un país mejor.
Lo que sí suscribo es a la inquietud respecto las cifras que revelan un alto número de procesos sin concluir o, prisiones preventivas que se transforman en una sanción aun cuando no existe condena, ni establecida responsabilidad del delito que se le acusa. Entonces, creo que lo que hay que analizar es cómo está funcionando el sistema procesal penal, sus tiempos, la administración de pruebas. Porque lo que en esta discusión subyace es el derecho intrínseco de cualquier chileno a un proceso expedito, trasparente y donde se determinen responsabilidades para una acorde condena de ser culpable.
Sí creo que este proyecto plantea un tema de fondo y es cómo se está administrando justicia en el país con el nuevo sistema procesal penal. Entonces, lo que corresponde es que derechamente tengamos un debate serio respecto de cómo está funcionando hoy la justicia en nuestro país y cuál es el rol de Tribunales, Fiscalía, Defensoría Penal Pública y también de los organismos policiales que son los que detienen y aportan las pruebas. Pero hagamos esa discusión. Hoy este texto es preocupante desde el punto de vista de la señal política, porque aparecemos con una contradicción evidente ya que lo que se espera de nuestro sector es una condena irrestricta a cualquier manifestación que atente contra la paz social y un proyecto de esta naturaleza es una señal de impunidad.
Una instancia como ésta nos divide al colocarnos en situaciones contradictorias, dejando en un segundo plano lo que debieran ser nuestros objetivos principales desde la oposición, como es ser un permanente motor del fortalecimiento de nuestra democracia y avanzar hacia niveles de justicia social. Sobre todo, cuando el país ha decidido encaminarse hacia una nueva Constitución, una Convención Constituyente y con procesos participativos ciudadanos donde podemos elegir libremente a cada una de nuestras autoridades.
Las causas que desataron el estallido social de octubre de 2019, y todas las manifestaciones violentas, no se eliminan ni reducen con este indulto general. Al contrario, esta acción ampara un acto de profunda injusticia para las víctimas. Porque se han sobrepasado límites, y hubo quienes incurrieron en un comportamiento netamente delictual. La legítima movilización social debe distinguirse de los hechos vandálicos y el Congreso no puede prestarse para justificarlos.
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