No hay que volver al pasado
El proyecto de ley que aborda la situación de las personas transgénero en nuestro país es el resultado de esfuerzos realizados desde hace ya varios años, tanto de organizaciones de la sociedad civil como de propuestas parlamentarias presentadas al Congreso Nacional.
En efecto, en el primer semestre del 2013, presentamos cinco senadores y senadoras de oposición y gobierno, el proyecto que inició el actual trámite legislativo, que con las modificaciones que toda iniciativa tiene, se ha convertido en el texto que si se concluye su aprobación, pasará a ser ley de la Republica.
Por cierto que esta idea obedeció al llamado presentado en diálogos y consultas previas por múltiples organizaciones civiles que mucho tiempo han bregado para ser oídas y tomadas debidamente en cuenta, fue el caso de la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad y la Fundación Iguales.
Es decir, este no es un tema nuevo. Por el contrario, extensos reportajes han ido creando un relevante grado de información y preocupación en el país, de modo que vincular este trámite legislativo a la visita Papal es un grave error, e incluso se suma al falso dilema de presentar el derecho a la no discriminación en contraposición con el respeto a la religiosidad que cada persona puede libremente tener o profesar.
La derecha dura incita ese conflicto, para de esa forma zafarse del aislamiento que le producen sus propuestas intolerantes y ultra reaccionarias para crear temor en los fieles más desinformados y temerosos, haciendo creer que el respeto a derechos fundamentales del ser humano, como es la identidad de género de las personas trans, se contrapone con la fe en Dios y tiene rasgos satánicos.
En su época, los dogmas de la Inquisición, causaron mucho dolor como para que resurjan ahora, en el siglo XXI, esta vez como vetos arcaicos. El respeto a la dignidad del ser humano está sobre esos tenaces estereotipos integristas, que deben quedar definitivamente fuera de lugar.
En concreto, esta ley tiene como fin terminar con los atropellos, la discriminación y los abusos que sufren las personas cuya identidad de género no es la que corresponde al sexo que tiene registrado al ser legalmente inscrito. Es el caso de quien recibe un nombre masculino y su ser es femenino.
En consecuencia, de acuerdo al texto final propuesto por la Comisión de Derechos Humanos del Senado: "se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna del género, tal como la persona se concibe a si misma, la cual puede corresponder o no con el sexo verificado en el acta de inscripción del nacimiento".
En esencia, es un avance decisivo en el magno objetivo de hacer respetar plenamente la dignidad del ser humano en todos los casos y circunstancias, sin discriminacion alguna por su raza, sexo, condición sexual, creencia religiosa, posición política o estratificación social.
Aquí no se trata si se es de derecha o izquierda, rico o pobre, de tal fe o de esta religión. Es una ley para el respeto de todas y todos. Por eso, hará mejor a Chile y nadie debe sentirse afectado por ella.
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