No se puede relativizar la violencia sistemática de la dictadura
En el contexto del alza de discursos negacionistas que buscan justificar o relativizar las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, hemos escuchado con alarma diatribas que sostienen que los asesinatos eran inevitables, que volverían a apoyar un golpe, o incluso señalar que no fue una dictadura. Estos dichos no solo buscan distorsionar la historia reciente, sino que también ponen en duda la naturaleza dictatorial y criminal de un régimen que se sostuvo en el poder mediante la violencia sistemática y el terrorismo de Estado.
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 dio inició a un régimen dictatorial que, por 17 años, concentró ilimitadamente el poder, suprimió normas constitucionales, restringió libertades civiles y políticas, y violó sistemáticamente los derechos humanos.
Las más de 40.000 víctimas detenidas, torturadas, desaparecidas y asesinadas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y los más de mil lugares utilizados para cometer estos crímenes -entre ellos recintos policiales y militares, hospitales y escuelas- son evidencia de la política de Estado que instauró la dictadura para silenciar al pueblo chileno y gobernar ilegítimamente. Precisamente el 30 de agosto, día en que se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido, recordamos a todas las víctimas de un régimen que llegó al poder por la fuerza y gobernó en base al miedo, a la tortura y la muerte.
Las voces que hoy omiten o justifican los crímenes cometidos en dictadura son peligrosas porque niegan la verdad, revictimizan a las víctimas y sus familiares, y son un retroceso en la búsqueda de justicia. La omisión o negación de estas atrocidades son la base para que el olvido comience a permear en las instituciones y en la sociedad. Por estas razones, es fundamental mantener viva la memoria histórica, para evitar que este tipo de horrores se vuelvan a cometer en nuestro país. La memoria es la que nos permite vincular las experiencias del pasado con el presente, con el objetivo de impulsar de manera permanente mecanismos de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.
Mantener viva la memoria histórica nos permite sensibilizar a las nuevas generaciones sobre las violaciones a los derechos humanos, sus efectos, y la relevancia del respeto, la no violencia y la justicia. Preservar los sitios de memoria, en tanto lugares representativos de un pasado traumático, nos permite repensar y recuperar espacios para recordar a las víctimas y volver a encontrarnos.
Los discursos negacionistas que omiten o relativizan las violaciones a los derechos humanos cometidas durante uno de los periodos más oscuros de la historia reciente de nuestro país, y que además alcanzan amplia difusión mediática, confirman la necesidad de que preservar la memoria histórica y promover la educación en derechos humanos sea una obligación permanente del Estado, especialmente en periodos de polarización, marcados por la proliferación de relatos populistas.
Que la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada nos sirva para reflexionar y mantener viva la memoria de quienes sufrieron la dictadura y su política de exterminio. La memoria incide en nuestro presente y, por cierto, en nuestro futuro. Un futuro en el que el olvido y la impunidad no tienen cabida.
En esta conmemoración, debemos reafirmar con convicción nuestro compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es por eso que el Presidente Gabriel Boric nos ha mandatado a implementar el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, como una política pública permanente a través de la cual hemos consolidado la nómina oficial de las 1.469 víctimas de desaparición forzada, el desarrollo de una plataforma web pública con un mapa georreferenciado de sus trayectorias, y la realización de más de 100 diligencias en terreno en coordinación con el Poder Judicial y con la participación de familiares. Acciones que son pasos firmes para construir una sociedad más justa y democrática, donde la memoria y los derechos humanos ocupen siempre un lugar central.
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