El año 2025 que terminó podría interpretarse como el fin del llamado "año del Cisne Negro". Sin embargo, la respuesta es simple: no. Durante el año salieron a la luz numerosos asuntos pendientes dentro del Estado. La falta de fiscalización en las cárceles -evidenciada en la denominada Operación Apocalipsis- y las esquirlas aún no resueltas del caso Muñeca Bielorrusa han dejado al Poder Judicial profundamente golpeado. A ello se suman los hallazgos de la Contraloría General de la República, primero en relación con el uso indebido de licencias médicas y, más recientemente, respecto de la situación financiera de los municipios, con observaciones que alcanzan aproximadamente los $15,9 billones.
El Estado, independientemente del color político de turno, debe ser correctamente administrado y requiere una reforma profunda, especialmente en materia de rendición de cuentas o accountability.
Por una parte, es indispensable una transformación integral de los sistemas de contabilidad y de los mecanismos de reporte utilizados por diversos estamentos públicos. En términos generales, resulta urgente avanzar en la modernización del aparato estatal, la cual debería sustentarse en tres ejes principales: contar con una contabilidad basada en estándares normativos comunes que permitan generar reportes financieros acordes con las exigencias actuales; capacitar a una amplia mayoría de los estamentos municipales en materias de reportabilidad financiera y contable; y, finalmente, promover una sólida cultura de rendición de cuentas.
La primera línea de acción implica una reestructuración profunda de los equipos humanos que hoy se desempeñan en las áreas de contabilidad y finanzas de las municipalidades. Se observa una aplicación muy limitada de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, además de una visión restringida que se limita a la preparación de estados financieros, sin avanzar hacia Reportes Integrados. Si bien estos reportes son más complejos y requieren planes robustos de capacitación -lo que se vincula directamente con la segunda línea de acción-, lo cierto es que el sector privado los ha adoptado hace más de una década, mientras que los municipios aún presentan informes con serias deficiencias en información cualitativa y gestión de riesgos.
Por último, el cambio de mentalidad constituye el desafío más complejo y de largo plazo. En el Estado no puede persistir la idea de que los recursos provenientes de los impuestos no están sujetos a un escrutinio riguroso. Estos recursos deben ser administrados con una clara vocación de resguardo, transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía.
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