Un 2019 sin Fuerzas Especiales, no más violencia policial
Como es ya común en la historia de Chile, las Fuerzas Especiales de Carabineros más que resguardar el orden parecen cuidar un desorden establecido y proteger los intereses de las minorías.
Su saña contra manifestantes, generan una espiral de violencia que es esperable, eso la convierte en una fuerza castigadora, no respetuosa, ni responsable de cumplir con su deber constitucional de garantizar los derechos fundamentales de los chilenos a reunirnos libremente en plazas y calles, y a expresarnos en paz.
Se han normalizado las violaciones de carabineros a los derechos humanos y las denuncias de malos tratos a manifestantes detenidos, los abusos policiales a miembros del pueblo mapuche (en el marco de allanamientos o redadas en sus comunidades), torturas, actos de violencia sexual policial contra mujeres y niñas durante protestas estudiantiles y derechamente los crímenes.
De tal preocupación participa el derecho internacional, a través del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, quienes conforme a los datos del sexto Informe, en sus sesiones de agosto de 2018 nº 1678 y 1679, señaló que desde 2010 hasta mediados de 2015 se investigaron 732 casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros de Chile, de los que 392 fueron derivados a la justicia y 137 castigados disciplinariamente.
Además, en 2017 se impusieron sanciones disciplinarias a 34 funcionarios de esta institución, mientras que otros 20 casos siguen siendo tramitados.
Al respecto, el Comité lamenta no haber recibido información completa y observa que, si bien el Estado indica que las indagaciones administrativas efectuadas por violencia policial han dado lugar a denuncias, no se ha facilitado información relativa al número de enjuiciamientos, sentencias dictadas y sanciones penales y/o disciplinarias impuestas por cargos de uso excesivo de la fuerza en el período al que se refiere el informe.
También preocupa el que las denuncias por violencia policial sigan remitiéndose para su investigación preliminar a unidades que pertenecen a la misma institución para la que trabajan los presuntos autores.
El Comité no recibió información detallada sobre el resultado de las investigaciones relativas a actos de violencia sexual policial contra mujeres y niñas durante protestas estudiantiles ocurridos en el período objeto de examen. Tampoco se dispone de datos sobre los enjuiciamientos, condenas y penas resultantes por estas denuncias.
De acuerdo con la información proporcionada, entre enero de 2009 y mayo de 2018 se abrieron 1.042 causas judiciales por actos de tortura o malos tratos, poniéndose término a 599 de estas causas.
Sin embargo, la información estadística disponible no permite conocer las razones concretas que motivaron el sobreseimiento de numerosas causas, ni el sentido de las 46 sentencias dictadas desde 2014.
Además, en ningún caso las penas de prisión impuestas a los autores excedieron los tres años, lo que permitió que estos las cumplieran en libertad. No es vano decir que ninguno de los condenados pertenece al alto mando. Tampoco es ocioso señalar, que hay una enorme cifra oscura de abusos que el Estado no trasparenta.
Si el Estado de Chile y su gobierno desea avanzar, el 2019, en la construcción de un cuerpo de Carabineros que efectivamente sea garante del orden y la seguridad y respetuoso de los derechos humanos, debe terminar con las Fuerzas Especiales (FFEE).
Del mismo modo debe velar por que se lleven a cabo investigaciones prontas, imparciales y efectivas por organismos independientes, donde no exista relación institucional o jerárquica entre los investigadores de ese órgano y los presuntos autores de los hechos, de todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza, torturas, malos tratos y de los casos de violencia de género ejercida contra mujeres y niñas, por agentes de las fuerzas del orden y seguridad pública, especialmente aquellos en los que ha habido acciones u omisiones de autoridades del Estado.
Asegurándose de que se enjuicie a los presuntos autores, y de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos.
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