Una deuda nacional de la que hay escasa conciencia

Los niños, niñas y adolescentes (NNA)  chilenos cuentan con un amparo legal, establecido en  la Convención  Internacional de Derechos del Niño y ratificado por nuestro país. Este amparo legal busca proteger la libertad y la dignidad de NNA y los considera sujetos de derechos, vale decir, reconocidos como seres humanos completos, portadores de derechos que les son inherentes por su condición de personas más aquellos que les corresponden por ser niños. 

Todos estos derechos tienen la misma importancia, muchos de ellos dicen relación con las etapas de desarrollo y deben constituir la base de las políticas públicas orientadas a los NNA. 

Sin embargo, por su condición de niños, ellos   ven dificultado su derecho al ejercicio de los derechos, y entre estos, su derecho al pleno ejercicio de sus libertades personales en un contexto de democracia.   

Esta situación es grave cuando el sujeto de derechos es un bebé por nacer o tiene menos de 10 años de edad,  porque ese bebé o ese niño/niña no tiene voz ni real participación  en decisiones colectivas que le atañen directa o indirectamente. 

Sus derechos dependen de quienes les representan, adultos que no siempre toman decisiones políticas que salvaguarden efectivamente a NNA, privilegiando intereses económicos, ideológicos o de otra índole que afectan la esencia de un sujeto de derechos: el ejercicio de sus derechos.   

En este marco, quienes dedicamos nuestra vida profesional a los niños debemos ser sus legítimos  representantes y debemos ser escuchados con respeto.    

Es así como la comunidad médica ha levantado su voz contra el uso de gases lacrimógenos en las manifestaciones ciudadanas, por cuanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea que los gases lacrimógenos, debido a su altísima toxicidad,  no deben ser empleados frente a personas que no disponen de vías de evacuación.  Niños, ancianos y personas discapacitadas no pueden evacuar ni protegerse  por sí mismos.  Pero hemos visto que en  los últimos 70 días  diversas ciudades chilenas han sido escenario de un masivo empleo de gases lacrimógenos, altamente tóxicos  a toda edad pero que afectan muy especialmente a los bebés. Y los pediatras no han sido escuchados. 

Del mismo modo,  quienes nos desempeñamos en el ámbito de la salud mental infantil tenemos el deber de hablar respecto a un hecho reciente:  hemos conocido  material gráfico infantil difundido a través de Twitter por el diputado Hugo Gutiérrez, en los cuales un niño dibuja la acción de asesinar al Presidente por parte del diputado; Gutiérrez declara que él jamás coartaría la libertad de expresión de un niño vulnerado por la violencia estructural y por este motivo lo difundió, encontrando apoyo a su acción. 

Un ojo entrenado aprecia la incongruencia entre la probable edad del niño dibujante (unos 6 a 7 años de edad, a menos que sea un niño con capacidades diferentes) y la grafía con la que están escritos el nombre Piñera y el texto que identifica al honorable diputado, los que sin duda alguna han sido escritos por un adulto.

La pregunta que queda flotando es si es legítimo favorecer la libertad de expresión de un niño  a través de manipular  su  dibujo para darle mayor dramatismo y convicción. Creemos que la respuesta es tajante: se está violando un derecho de un niño que es considerado legalmente en Chile  sujeto de derechos.   

Este hecho muestra que en  lo relativo a los derechos del niño como sujeto de derechos, Chile está al debe y esta carencia se pone brutalmente de manifiesto en momentos de crisis. Los NNA  exigen una explicación.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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