9,5% de desempleo: algo no está funcionando
Chile puede discutir durante meses las razones del desempleo, pero hay una pregunta que ya no puede seguir postergando: ¿Qué estamos haciendo mal para que nuestra economía no sea capaz de generar suficientes empleos? El 9,5% de desempleo debería ser una cifra imposible de normalizar.
Es el nivel más alto de los últimos cinco años y, más allá de las explicaciones técnicas que inevitablemente acompañarán su publicación, contiene una realidad bastante sencilla: hay demasiadas personas buscando trabajo y demasiado pocas oportunidades disponibles. Detrás de esa cifra hay hogares que reducen sus gastos, jóvenes que postergan proyectos, personas que agotan sus ahorros y trabajadores que, después de perder un empleo formal, terminan aceptando cualquier alternativa para mantener sus ingresos.
Por eso resulta preocupante que la discusión vuelva, una vez más, al mismo lugar: cuánto habría que flexibilizar el mercado laboral, cuánto habría que reducir los costos de contratación y qué derechos podrían modificarse para facilitar la creación de empleos. Por supuesto que las empresas necesitan capacidad de adaptación. Por supuesto que el mercado laboral debe responder a los cambios tecnológicos y productivos. Y por supuesto que existen regulaciones que pueden revisarse.
Pero hay algo que convendría no perder de vista: una economía que no está generando suficiente empleo no puede resolver su problema fundamental haciendo que el empleo existente sea más precario. Ese razonamiento confunde el problema con su solución. La pregunta relevante no es cuánto podemos abaratar el trabajo, es por qué una economía como la chilena no está siendo capaz de crear más actividad, más inversión, más productividad y, como consecuencia de ello, más empleos.
Ahí está la discusión que hemos evitado. Durante años, Chile construyó buena parte de su competitividad sobre la base de ventajas evidentes: apertura comercial, estabilidad institucional, recursos naturales, inversión y capacidad empresarial. Pero ese modelo enfrenta hoy nuevos desafíos. La productividad no crece al ritmo que necesitamos. La inversión requiere recuperar dinamismo. Nuestra estructura productiva continúa excesivamente concentrada. La innovación avanza con dificultad. Muchas pequeñas y medianas empresas enfrentan enormes dificultades para crecer. Y la incorporación de nuevas tecnologías abre oportunidades, pero también riesgos que todavía no estamos abordando suficientemente.
Frente a ese escenario, resulta sorprendente que una parte importante del debate siga concentrada en una pregunta mucho más pequeña: cómo hacer más barato contratar trabajadores.
Es una discusión legítima, pero insuficiente. Y cuando una discusión insuficiente se transforma en la principal respuesta de política pública, puede terminar siendo equivocada. Porque Chile no necesita solamente que las empresas contraten más. Necesita que la economía produzca más y mejor. Necesita nuevas inversiones. Nuevos sectores productivos. Nuevas empresas. Más innovación. Más tecnología. Más capacitación. Más productividad.
Y, sobre todo, una estrategia que conecte todas esas dimensiones con una meta que parece haber quedado demasiado relegada: crear empleos de calidad. Aquí aparece una segunda dificultad. Reducir el desempleo no significa necesariamente mejorar el mercado laboral. Una persona puede dejar de aparecer como desempleada porque consiguió un trabajo informal, sin seguridad social, con ingresos insuficientes o sin estabilidad.
¿Es eso realmente el éxito que estamos buscando? Si la respuesta es no, entonces debemos ser mucho más exigentes con la discusión. El objetivo no puede ser simplemente que las personas tengan cualquier empleo. Debe ser que tengan empleos que les permitan construir una vida. Eso exige tomarse en serio el concepto de trabajo decente. Y exige reconocer que el mercado laboral del futuro será muy diferente al que conocimos durante las últimas décadas.
La inteligencia artificial y la automatización modificarán ocupaciones, procesos y competencias. Algunas tareas desaparecerán. Otras serán transformadas. Y aparecerán nuevos trabajos que hoy ni siquiera conocemos. La pregunta no es si debemos impedir ese proceso. La pregunta es quién pagará el costo de la transición y quién recibirá sus beneficios.
Si dejamos que el mercado resuelva por sí solo esa transformación, es probable que las ganancias de productividad se concentren mientras los costos de adaptación recaen sobre los trabajadores con menor capacidad de negociación. Por eso Chile necesita políticas mucho más ambiciosas de capacitación, reconversión e intermediación laboral.
Necesita anticiparse a los cambios, no reaccionar cuando miles de personas ya han perdido sus empleos. Necesita también enfrentar seriamente las barreras que todavía dificultan la participación laboral femenina. Y eso implica hablar de cuidados, corresponsabilidad y servicios que permitan que trabajar no sea incompatible con cuidar.
Todo esto requiere una política de empleo que vaya bastante más allá de una modificación legislativa. Porque el desempleo no se arregla solamente desde el Ministerio del Trabajo. El empleo es el resultado de lo que ocurre en toda la economía. Depende de la inversión, del crecimiento, de la productividad, del consumo, del crédito, de la innovación, de la infraestructura, de la educación, de la capacitación y de las expectativas.
Por eso, cuando el desempleo llega al 9,5%, no basta con preguntarse qué hacer con las normas laborales. Hay que preguntarse también qué está pasando con la economía real. ¿Qué está frenando la inversión? ¿Por qué nuestra productividad continúa siendo insuficiente? ¿Por qué seguimos dependiendo tanto de sectores que generan relativamente poco empleo respecto de su peso económico? ¿Qué estamos haciendo para crear nuevas actividades productivas? ¿Qué oportunidades estamos ofreciendo a las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo vamos a preparar a los trabajadores para la transformación tecnológica?
Y, quizás la pregunta más incómoda de todas: ¿Cuánto tiempo más vamos a aceptar que el crecimiento sea discutido como un objetivo en sí mismo, sin preguntarnos suficientemente cuántos empleos de calidad está generando? Porque finalmente esa es la medida que importa para millones de personas. El crecimiento aparece en las cuentas nacionales. El empleo aparece en la mesa de una familia. La productividad aparece en los informes económicos. El salario aparece cuando llega el fin de mes. La inversión aparece en las estadísticas. El trabajo aparece en la vida cotidiana.
Por eso no basta con administrar las cifras y esperar que el ciclo económico cambie. Tampoco basta con responsabilizar al trabajador por los problemas de competitividad de la economía. Y mucho menos resulta razonable instalar la idea de que cada nuevo derecho laboral debe ser presentado como una amenaza para el empleo.
Los derechos laborales no son la causa de la falta de crecimiento. Y el crecimiento tampoco debería utilizarse como argumento para justificar cualquier deterioro de esos derechos. El desafío es bastante más difícil: conseguir que productividad, inversión, competitividad y derechos laborales puedan avanzar simultáneamente.
Eso requiere acuerdos. Pero no acuerdos para distribuir la precariedad. Acuerdos para distribuir mejor las oportunidades que genere el desarrollo. Chile necesita una conversación adulta sobre el trabajo. Una conversación en la que empresarios puedan plantear sus dificultades sin ser demonizados y en la que los trabajadores puedan defender sus derechos sin ser convertidos en el supuesto problema de la economía.
Una conversación en la que el Estado asuma su responsabilidad de generar condiciones para invertir, innovar y producir, pero también para proteger a quienes quedan desplazados por las transformaciones económicas. Y una conversación en la que dejemos de confundir competitividad con salarios bajos o flexibilidad con inseguridad.
El 9,5% de desempleo debería ser un llamado de atención. Pero puede convertirse también en algo más. Puede ser la oportunidad para reconocer que el problema de Chile no es que sus trabajadores tengan demasiada protección, sino que el país todavía no ha encontrado una estrategia suficientemente potente para generar el crecimiento y la productividad que permitan crear más empleos de calidad.
La salida no pasa por elegir entre trabajadores y empresas. Pasa por conseguir que a las empresas les vaya bien creando valor y empleo, y que a los trabajadores les vaya bien participando de ese proceso con derechos, salarios dignos y oportunidades de progreso. Eso es desarrollo. Lo demás es administrar las consecuencias. El 9,5% debería obligarnos a cambiar la pregunta. No preguntarnos cuánto más podemos flexibilizar el trabajo.
Preguntarnos qué debemos cambiar en nuestra economía para que vuelva a ser capaz de crear trabajo. Porque un país que se acostumbra al desempleo termina acostumbrándose también a la incertidumbre, a la informalidad y a la pérdida de expectativas. Y eso, más que un problema estadístico, es una señal de que algo profundo no está funcionando. Chile no necesita trabajadores más baratos. Necesita una economía capaz de generar más y mejores empleos.