Chile y el plan nacional de data centers

Chile avanza en su promesa de convertirse en el hub digital de la región. Un pilar de esa estrategia, tal como lo dijo el ministro de Hacienda en su cuenta pública, es atraer inversiones para el desarrollo de la economía digital como un componente estratégico de la matriz productiva nacional, liderar la localización de los centros de datos del Cono Sur es por tanto un factor diferenciador.

En esta dirección, el gobierno del Presidente Boric presenta el plan nacional de data centers, siguiendo la ruta de países líderes que han promovido la construcción e instalación de este tipo de infraestructura tecnológica, mediante una serie de incentivos para que las empresas aseguren la sostenibilidad, utilicen fuentes de energías renovables y de infraestructuras que faciliten la recuperación y reutilización del calor residual.

Del total de centros de datos en el mundo, el hemisferio sur sólo concentra el 10%. En América Latina, el mercado de centros de datos crece con un total de 143 instalaciones lideradas por Brasil, México, Chile y Colombia. En Chile, el mercado de centros de datos cuenta con 26 instalaciones activas (hyper scale y para otros fines), pasando de 50 mil metros cuadrados a 350 mil m2 en 2023. Se estima que para 2024, los ingresos del mercado global son de 120 mil millones de dólares, para Latinoamérica podrían estar en 3,5 mil millones de dólares, mientras que en Chile podrían estar en el rango de 500 a 700 millones de dólares.

Es importante que el país ponga este plan de desarrollo como parte de una agenda diplomática digital y de una política de la "economía del dato", por su importancia geoestratégica y para fomentar la digitalización, la transformación digital, el uso de IA y la explotación eficiente de los datos en todos los sectores, especialmente en las verticales productivas. El dato, en estado puro, aislado, sin tratar, carece a priori de valor. El desafío es generar tráfico, agregar demanda y dar valor a la infraestructura de procesamiento de datos para mejorar la eficiencia y productividad del sector público y fomentar el desarrollo económico, aprovechando las ventajas naturales y competitivas del país. Es vital por lo mismo fomentar la capacidad energética y el despliegue de redes de infraestructuras de alta velocidad, flexibles, escalables que permitan satisfacer las necesidades de almacenamiento, procesamiento y distribución de datos hacia y desde los mercados de Latinoamérica, en particular con el Asia-Pacifico.

Lo anterior implica que existan mecanismos autorizatorios sectoriales ágiles y modernos, que permitan una sana competencia y protección de los derechos y deberes de las empresas usuarias de estos sistemas, quienes confían cada vez más en las prestaciones y facilidades de estos centros de datos, siendo fundamental para la correcta ejecución del negocio.

Lo que no puede ocurrir por querer promover un sector emergente, es caer en una desinteligencia y atolondramiento que conduzca a una sobrerregulación de una industria que requiere su comprensión detallada en cada parte de la cadena de valor, teniendo en cuenta que parte de las dificultades para invertir se relacionan con la creciente complejidad regulatoria y con ello un lento proceso de obtención de permisos sectoriales necesarios para iniciar los proyectos.

Este sector de la economía digital avanza en la nubificación y en una nueva arquitectura de la infraestructura híbrida de conectividad, la que presenta varios desafíos logísticos, de instalación, sostenibilidad y eficiencia energética, pero lo básico para su expansión es contar con un marco regulatorio convergente, liviano, claro, favorable, predecible, con seguridad jurídica, ajustado a la protección de datos y ciberseguridad, anclado en una alianza público-privada, que permita continuar con una trayectoria de crecimiento sólido, impulsando inversiones significativas, la adopción temprana de tecnologías avanzadas y la consolidación de un entorno favorable para la actividad productiva.

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