Chile y su modelo laboral en perspectiva

Chile fue uno de los países fundadores de la Organización Internacional del Trabajo, en 1919, y a lo largo de más de un siglo ha profundizado su compromiso con el marco normativo que promueve los derechos laborales y el trabajo decente.

Durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, esta senda se ha profundizado con la ratificación por parte del Estado de Chile del Convenio N° 190 sobre la eliminación de violencia y el acoso en el trabajo, del Convenio N° 176 sobre seguridad y salud en las minas; y, con fecha muy reciente, del Convenio N° 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores. Con este último acto -una vez que se deposite el instrumento ratificatorio en la sede de la OIT- pasaremos a integrar el selecto grupo de países que tienen ratificados los 11 convenios fundamentales de dicha organización.

De esta forma, salvo el retroceso que impuso la dictadura al reprimir al movimiento sindical y conculcar sus derechos, nuestro país está honrando su prestigio histórico de avance progresivo y mantención de altos estándares de protección a las y los trabajadores, lo que se refrenda hacia el futuro con la implementación de importantes leyes ya aprobadas y de la reforma previsional, que mejorará la calidad de vida de millones de compatriotas.

Sin duda, existen desafíos pendientes. En efecto, desde la recuperación de la democracia ha habido progresos sustantivos en el ámbito de los derechos individuales del trabajo, pero se mantienen restricciones significativas en lo que concierne a los derechos colectivos del trabajo y el ejercicio de la libertad sindical. Una de ellas, fundamental, es la radicación exclusiva de la negociación colectiva a nivel de empresa. Por esta razón -como reiterara el ministro Giorgio Boccardo en su presentación del 22 de abril ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados- el proyecto de negociación multinivel forma parte de los desafíos legislativos del gobierno.

Chile merece transitar hacia un modelo de relaciones laborales más equilibrado, más justo y donde el diálogo a distintos niveles permita que las partes, en el ejercicio de su autonomía, acuerden soluciones de interés común en áreas tan relevantes como productividad, calidad de vida, incorporación de nuevas tecnologías y reconversión productiva.

Además, cuando el país y el mundo enfrentan entornos económicos, sanitarios, climáticos y geopolíticos cada vez más dinámicos y desafiantes, enriquecer la institucionalidad para el diálogo social se constituye en un factor crítico e ineludible para fortalecer la resiliencia de la economía y el empleo, así como para el perfeccionamiento continuo de la normativa laboral, tanto a nivel internacional como en nuestro país.

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