El alza de la tasa de desocupación conocida esta semana es preocupante: según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), ésta ascendió a 9,4% en el trimestre marzo-mayo, lo que equivale a que un total de 945 mil personas están sin trabajo en el país, la gran mayoría mujeres. La encuesta también reveló que existen 2.540.509 personas que tienen empleo informal, es decir, sin vínculo formal y sin protección en seguridad social.
Las cifras nos ponen en alerta y, más que hacer un diagnóstico de este escenario, conviene emprender acciones concretas para que miles de personas accedan al mercado laboral. Sabemos que más chilenos salieron a buscar empleo en el último trimestre, lo que da cuenta de un proceso de reactivación y mayor esperanza con la llegada de un nuevo gobierno que tiene como foco el crecimiento del país. A esto se suma que el costo de la vida ha aumentado, especialmente, en sectores sensibles para la población como transporte, vivienda y servicios básicos.
Sin embargo, las mejores expectativas no bastan, sino que hay que tomar medidas. Creemos que el proyecto de ley de Sala Cuna Jniversal -que se debería haber aprobado durante la administración del expresidente Sebastián Piñera, permite implementar el beneficio a empresas de todos los tamaños, eliminando la discriminación existente en nuestro Código del Trabajo. Esto podría ayudar a mejorar los indicadores de empleo femenino en los próximos años, el que se mantiene estancado en 10,5% en los últimos dos trimestres, además de ser una respuesta concreta al desafío de la baja natalidad.
La creación de empleo requiere confianza y tiempo. Los costos para las empresas han subido. Por eso, parece correcta la implementación de subsidio al empleo con foco en mujeres y jóvenes, dos grupos de especial relevancia. Así, se debería considerar la entrega de recursos al empleador para compensar los aumentos de los costos en la contratación y al trabajador para enfrentar el alza del costo de la vida. Además, de esa manera se evita la informalidad.
Los expertos también han planteado que debería haber cambios en la regulación. Por ejemplo, se podría ampliar el periodo para promediar la jornada laboral desde las actuales cuatro semanas hasta 15 semanas, lo que permite una mayor adaptabilidad al mundo del trabajo, sobre todo en aquellas actividades que tienen una estacionalidad más marcada. Asimismo, y en el evento que las cifras económicas y de empleo no mejoren, es importante tener a la vista lo que se hizo durante la pandemia con el Seguro de Cesantía para evitar despidos en tiempos de crisis.
A todo lo anterior se debe recordar que en las remuneraciones de agosto de este año viene un nuevo incremento de cotización por la reforma previsional y en los próximos años la jornada ordinaria será de 40 horas de trabajo semanales, por lo que el mercado deberá seguir adecuándose a estas modificaciones. La urgencia de tomar medidas es hoy, los diagnósticos están claros, hay que pasar a la acción.