Dinamizar las concesiones

Carlos Cruz

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Luego del plebiscito del pasado 4 de septiembre y de conocido el último IPoM, Hacienda anunció un impulso a la inversión en infraestructura, especialmente a través del sistema de concesiones. En efecto, esto es muy consistente con la evolución proyectada de nuestra economía, la que se supone que durante este año mantendrá un crecimiento del orden de 2%, pero ya para el próximo se pronostica una caída cercana a 1%, todo esto en un contexto de persistente inflación por sobre el 10% anual. Esta menor actividad está muy influenciada por el comportamiento de la inversión, la que este año caerá en torno a 3% y para 2023 se prevé una reducción más cercana al 5%.

Ante estas circunstancias, es natural que las autoridades económicas se propongan promover iniciativas que mitiguen estas tendencias y, en lo posible, las reviertan, por el impacto que una caída en la inversión tiene en el bienestar de las personas (empleo, salarios, gasto social, etc.). Y para ello será necesario recurrir a fórmulas conocidas, las que progresivamente deberán adaptarse a los requerimientos de un "nuevo desarrollo", mucho más centrado a la solución de problemas urgentes que afectan a las familias.

En este sentido, para recuperar el crecimiento será necesario acelerar la capacidad del Estado de ejecutar proyectos de inversión que son propios de sus áreas de acción, como es la infraestructura de uso público no privatizada, e incentivar al sector privado para que asuma iniciativas de inversión que se han visto paralizadas por una serie de circunstancias, objetivas y subjetivas.

Desde el punto de vista del sector público, cuyo aporte a la inversión no supera el 10% de la Formación Bruta de Capital Fijo a nivel nacional, una mayor dinamización de la "industria de las concesiones" parece ser el camino más razonable, especialmente cuando el despliegue de proyectos bajo esta modalidad no representa gasto público presente. Para este efecto, una cercana relación de un aparato de gobierno integrado con los inversionistas privados, para identificar las opciones de mayor impacto a corto plazo, sería recomendable para dar señales claras de que se avanza en recuperar la relación societaria que siempre ha debido primar en este sector.

Por otra parte, la tramitación excesiva, celo en la aplicación de normativas ambientales más allá de lo recomendable, declaraciones "anti extractivistas", la insistencia en el "cambio de modelo" y la postergación en la firma de tratados son aspectos que habrá que ponderar ante estas nuevas circunstancias. Esto es relevante cuando se comprueba que la única actividad que se proyecta que crecerá este y el próximo año son las exportaciones.

En circunstancias difíciles, como las que enfrentamos, da la impresión de que lo más aconsejable es apoyarse en aquellas áreas que tienen más potencial para recuperar el crecimiento. El sector exportador debiera ser un pilar en este proceso. En este sentido, la inversión de uso público, a través de mecanismo de las concesiones, debería potenciar nuestras capacidades de exportación. Para ello, inversiones en el sector logístico y recursos hídricos dan la impresión de que serían las de mayor impacto.