El derecho al olvido financiero en Chile

Daniel Melo

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En nuestra era, los datos y la gestión de la información se han convertido en un recurso valioso -equiparable al oro o el petróleo-, la información personal de un individuo puede ser más valiosa que su dinero o tarjetas de crédito, por ejemplo, en el caso de su información financiera o de un expediente médico en manos equivocadas puede tener terribles consecuencias.

En este contexto, surge el concepto del derecho al olvido, que se refiere al derecho de supresión aplicado a los buscadores de internet. Esto permite impedir la difusión de información personal a través de la web cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia establecidos por la normativa de cada país o jurisdicción; en consecuencia, esto implica la limitación de la difusión de información personal en los buscadores generales cuando ésta es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima (en el caso de boletines oficiales o informaciones amparadas por las libertades de expresión o de información), las grandes empresas como Google están obligadas a ofrecer esta opción en el Viejo Continente, debido a una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el ámbito local, la Corte Suprema de Chile rechazó en 2020 un recurso que denunciaba como una vulneración el mantenimiento de información en sitios web sobre una falta cometida hace más de 13 años. Este fallo va en contra de la postura que había adoptado el tribunal en casos similares, generando controversia entre los expertos jurídicos.

En función de lo señalado esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto denominado "Derecho al olvido financiero", o "Chao histórico", que presentamos junto al diputado Daniel Manouchehri y otros colegas de manera transversal, con el objetivo de prohibir el tráfico de datos de las entidades bancarias y financieras y ofrecer una segunda oportunidad para personas naturales y pymes con antecedentes limpios, es decir poner fin a verdaderas listas negras que bloquean a millones de personas y cientos de emprendedores por deudas ya prescritas y que en su mayoría habían sido aclaradas o regularizadas.

Iniciativas como ésta son necesarias para seguir avanzando en nuestro país a nivel de derecho en relación con la protección de datos e información personal. Al respecto, esperamos que el Gobierno ponga la urgencia que amerita este proyecto de ley que va en directo beneficio de las personas; siguiendo el ejemplo de los países desarrollados que cuentan con legislaciones mucho más robustas, exigentes y estrictas en esta materia, como las naciones que conforman la Unión Europea.