Coescrita con Rodolfo Seguel Molina, expresidente Confederación de Trabajadores del Cobre y exdiputado
El desempleo en Chile ha alcanzado un nivel alarmante. Con una tasa de desocupación de 9,8%, más de un millón de personas sin trabajo y una desocupación femenina del 10,5%, el país enfrenta una crisis laboral que golpea directamente la dignidad y las condiciones de vida de miles de familias.
Estas cifras no son simples estadísticas. Representan hogares sin ingresos suficientes, jóvenes sin oportunidades, mujeres excluidas del mercado laboral, trabajadores y trabajadoras mayores condenados a una creciente incertidumbre. Lo verdaderamente inaceptable es que, mientras aumenta el desempleo, el Gobierno impulse políticas que debilitan los instrumentos destinados precisamente a combatirlo.
El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla recortes reales del 34,7% en políticas de empleo, del 47,5% en programas de capacitación del Sence y del 7,7% en inversión regional.
¿Cómo pretende el Gobierno crear empleos recortando los recursos destinados a generarlos? ¿Cómo se puede hablar de reactivación mientras se debilitan la inversión pública, la capacitación y los subsidios a la contratación? No estamos solamente ante una crisis de empleo. Estamos ante una orientación económica que debe ser rectificada.
No aceptamos que los trabajadores paguen el costo de la crisis
Resulta inadmisible que, frente al aumento del desempleo, algunos sectores insistan en responsabilizar al salario mínimo, la reducción de la jornada laboral o los avances en protección social.
El problema de Chile no es que sus trabajadores tengan demasiados derechos. El problema es una economía que no genera suficientes empleos productivos, estables y dignamente remunerados. Pretender combatir el desempleo mediante la desregulación y la precarización laboral constituye una respuesta equivocada que amenaza con profundizar las desigualdades.
Los derechos laborales no son una concesión que pueda retirarse cada vez que la economía enfrenta dificultades. Son conquistas sociales y condiciones esenciales de una sociedad democrática.
Chile necesita un plan nacional de empleo, no más precarización
Planteamos la necesidad de una respuesta inmediata que contemple:
El Gobierno debe cambiar el rumbo
El desempleo tiene causas estructurales que ningún gobierno puede resolver de un día para otro. Pero ello no exime a las actuales autoridades de responder por sus decisiones y asumir la responsabilidad política de enfrentar esta crisis.
No se puede gobernar de espaldas a quienes viven de su trabajo. No se puede exigir sacrificios a las familias mientras se reducen los recursos destinados al empleo. Y no se puede utilizar el desempleo como excusa para debilitar derechos fundamentales.
Chile necesita crecimiento económico, inversión y productividad, pero también justicia social, diálogo social y una distribución más equitativa de las oportunidades. Es posible impulsar el desarrollo económico sin sacrificar la dignidad de quienes trabajan.
El Gobierno debe entenderlo: el trabajo no es una mercancía, los derechos laborales no son un obstáculo para el crecimiento y los trabajadores y trabajadoras no pueden seguir siendo la variable de ajuste de la economía. No aceptamos que se utilice el desempleo como excusa para quitarles derechos a los trabajadores. Chile necesita una economía al servicio de las personas, no personas sacrificadas al servicio de la economía.