Rabat y la burocracia del mal
Cuando el Mossad capturó al que fuera el responsable logístico de los campos de exterminio del régimen Nazi, Adolf Eichmann, en Buenos Aires, la noticia corrió como un reguero de pólvora por todo el mundo. Rápidamente, Hannah Arendt, filósofa judía alemana de renombre que colaboraba con The New Yorker, se ofreció a cubrir el juicio en Jerusalén, por una obligación moral y teórica de ver con sus propios ojos la maquinaria del mal encarnada en un solo individuo.
La cobertura que hizo de tal evento histórico, no fue periodística, sino filosófica. Con rigurosidad intelectual, y frialdad -si se permite esta expresión- realizó, paso a paso, un examen a la conciencia de Eichmann, quien de forma persistente siempre se declaró un burócrata que implementaba órdenes superiores, y que su deseo era cumplirlas bien para ascender en su "carrera profesional".
El propósito de Ben-Gurión, primer ministro de Israel, y del fiscal Gideon Hausner era inequívoco, pero además, natural: presentar a Eichmann no sólo como un criminal individual, sino como la encarnación de un monstruo demoníaco. En el estrado, el acusado debía personificar a esa Alemania sanguinaria y erigirse en el rostro visible de la mayor catástrofe padecida por el pueblo judío y por la humanidad.
Arendt, quien compartió la condena a muerte aunque por otras razones, arribó a una conclusión diferente: Eichmann no parecía ser un demonio total, sino un burócrata "común y corriente" que había abandonado la capacidad de pensar y de realizar juicios morales respecto de su propia conducta. De ahí que termine pensando que para el "mal extremo" no sea necesario, únicamente, un psicópata o un demonio, sino que puede estar encarnado en estas personas normales, o en este "burócrata", como el caso de Eichmann.
El mal tampoco es absoluto. El examen que Arendt realiza de las pericias psiquiátricas de Eichmann, previas al juicio, da cuenta de una "normalidad aterradora". Los informes describen a una persona entregada a su familia, un buen padre, esposo e hijo: un individuo corriente para los cánones de su tiempo. El mal, por tanto, no es radical -en el sentido de poseer raíces ontológicas profundas-, como ella misma había sugerido en su estudio sobre el totalitarismo; carece de profundidad y se propaga en la superficie precisamente por la ausencia de juicio, revelando así un tipo de banalidad del mal. Que el mal no sea absoluto, no significa que no sea extremo y que no, naturalmente, pueda ser provocado por un burócrata corriente: por un burócrata del mal.
Esta conclusión, colisionaba con los intereses de Ben-Gurión y, diría, hasta con la "conciencia del mundo" y, de paso, daba un giro en cómo la filosofía había comprendido los problemas morales hasta ese minuto. Sus reportes al New Yorker fueron naturalmente polémicos, y discurrieron a contracorriente de los análisis, columnas, reportajes y libros que se publicaron en aquella época.
Este ejercicio de Arendt permite entonces abordar el caso del ministro Rabat, en la dimensión de la "banalidad" de sus decisiones, que provocaron un "mal de justicia" a muchas familias. No podría, obviamente, compararlo con Eichmann, porque sería insensato y por supuesto, ofensivo. Menos aún, me atrevería a vincularlo a una red de pedofilia internacional, como lo hizo el diputado Bassa, sin pruebas ni indicios. Pero las categorías que utiliza Arendt, y su conclusión, sí son aplicables: el ministro Rabat, al momento de firmar esos decretos de rebajas de condenas a violadores de menores -y otros casos graves- abandonó su capacidad de pensar, y de realizar juicios morales respecto de su conducta. Actuó como un burócrata del mal.
La interpretación de la ley, y lo que él llamó jurisprudencia o doctrina de la Corte Suprema, no lo excusan del examen de conciencia moral que cualquier ciudadano, en este caso -y más aún- un ministro de Estado con facultades, debe realizar frente a las decisiones que está compelido a tomar. ¿El ministro sabía lo que estaba firmando? ¿Tenía conciencia del efecto de sus decisiones? ¿Los fallos de la Corte Suprema, que para él constituían una especie de jurisprudencia, anularon su juicio moral respecto del impacto de esas decisiones?
No será fácil llegar a las respuestas de esas preguntas. Quizás en la acusación constitucional a la que será sometido por el Congreso Nacional se deslice una que otra pista, y podamos arribar a la verdad incómoda que, de seguro, hay detrás. El Gobierno ha reconocido, a sobresaltos, después de que el vocero dijera que los decretos eran impecables, que cometió un error. Otros han pensado que se trataría de una decisión política para viabilizar o legitimar rebajas de condena a violadores de derechos humanos, lo que sería aún más abyecto.
En cualquier caso, el ministro Rabat puede ser un buen hijo, un buen esposo y un buen padre de familia, porque ni el bien ni el mal, son absolutos. Sin embargo, sus decisiones provocaron un mal, por el cual debe pagar políticamente. Debió renunciar -junto a los otros tres funcionarios de alto rango que firmaron tales decretos- y haber asumido la responsabilidad política de sus actos. Prefirió, sin embargo, el camino menos digno: esperar a que otros decidan por él.