Parecerse a una clínica
Una habitación individual, una recepción expedita o instalaciones modernas son señales visibles de una buena experiencia hospitalaria. Pero la calidad también se juega en la capacidad de resolver una urgencia a las tres de la mañana, de recibir a un paciente derivado desde otra comuna o de sostener un tratamiento prolongado sin que dependa del bolsillo de su familia. Cuando se habla de calidad hospitalaria, conviene preguntarse qué parte de ese desempeño se está mirando.
En Chile persiste una asociación casi automática entre atención privada y atención de calidad. Está tan instalada que el presidente dijo que quiere que la atención en cualquier hospital público sea igual a la de un hospital privado. Es comprensible que parte de esa imagen provenga de experiencias concretas: tiempos de espera más breves para determinadas prestaciones, instalaciones más confortables y procesos administrativos más ágiles. Sin embargo, establecer a las clínicas privadas como el horizonte al que deben aspirar los hospitales públicos supone asumir una superioridad sanitaria no demostrada y desconoce las distintas responsabilidades que cumplen unos y otros.
La calidad tiene criterios propios. Comprende la seguridad del paciente, la efectividad clínica, la oportunidad, la continuidad, la eficiencia, el trato digno y la equidad. Se expresa en resultados verificables y en la capacidad de responder a las necesidades de salud. Los estándares de acreditación sanitaria son los mismos para prestadores públicos y privados, y se diferencian según el tipo y la complejidad del establecimiento. La naturaleza jurídica de una institución dice poco, por sí sola, sobre la calidad de sus cuidados.
También importa qué se espera de cada establecimiento. Un hospital público forma parte de una red y asume obligaciones que van más allá de los episodios de atención individuales. Recibe derivaciones, presta servicios de urgencia, atiende a pacientes con enfermedades múltiples y se articula con la atención primaria y otros niveles. En muchos territorios es la única oferta de alta complejidad y debe sostenerse, aunque la escala de la demanda no permita la presencia de otros prestadores. Muchos hospitales forman especialistas, desarrollan investigación y preservan capacidades para enfrentar brotes epidémicos, catástrofes y otras emergencias. Esa disponibilidad ante lo imprevisible tiene valor aunque sus recursos no estén siempre ocupados.
Esas obligaciones también inciden en los indicadores. Las instituciones pueden variar en el tipo de prestaciones que ofrecen y en las condiciones bajo las cuales incorporan pacientes, y esa composición de la actividad modifica los riesgos clínicos, los costos y los tiempos de atención. La mortalidad hospitalaria, por ejemplo, depende en gran medida de la gravedad de los pacientes y de los criterios de ingreso y derivación. Un hospital que atiende a los pacientes más graves probablemente tendrá una mortalidad más alta, aunque los atienda bien. Por eso, la evaluación de cada hospital debe considerar sus responsabilidades, la complejidad de los casos y las características de la población atendida. De lo contrario, los indicadores pueden presentar como diferencias de calidad lo que en realidad son diferencias en las condiciones bajo las cuales se presta la atención.
Entre los criterios de calidad, la equidad merece especial atención. Exige considerar las posibilidades reales de acceso, la oportunidad de las prestaciones, la continuidad de los cuidados y las barreras económicas que enfrentan las personas. Una atención clínicamente excelente, solamente para quienes consiguen acceder a ella, puede coexistir con profundas desigualdades. Por ello, la evaluación del desempeño sanitario debe incorporar tanto los resultados individuales como la respuesta del sistema a las necesidades de toda la población. Esta exigencia alcanza a todos los prestadores y, con mayor fuerza, a los hospitales públicos, debido a sus obligaciones territoriales.
Nada de esto busca excusar los problemas de los hospitales públicos. Las listas de espera prolongadas, el deterioro de la infraestructura, los problemas en el trato y las fallas de coordinación tienen consecuencias concretas para las personas. Las exigencias de oportunidad, seguridad y dignidad deben ser igualmente altas en cualquier establecimiento. Reconocer la función social de la red pública implica exigirle resultados y dotarla de los recursos necesarios para alcanzarlos.
El desafío es avanzar desde comparaciones genéricas hacia compromisos verificables: mejores resultados clínicos, reducción de las esperas evitables, continuidad de los cuidados, gestión transparente y respuesta territorial oportuna. Eso requiere fortalecer equipos, infraestructura y sistemas de información, y una coordinación efectiva entre establecimientos. También exige mirar más allá del hospital: una atención primaria resolutiva y una red bien integrada pueden prevenir hospitalizaciones y mejorar los resultados antes de que una persona ocupe una cama.
Resulta llamativo que la calidad se asocie tan fácilmente con las clínicas privadas, mientras suele pasar inadvertida la excelencia que han desarrollado los hospitales públicos. Atender los casos más complejos, formar especialistas y responder a emergencias también son expresiones de calidad. Que se vean menos que la comodidad de una habitación no les resta importancia.
Un buen hospital se reconoce por la calidad de la atención que brinda y por las responsabilidades que es capaz de cumplir. En los hospitales públicos, esas responsabilidades incluyen garantizar atención donde otros prestadores no llegan y asegurar que la calidad alcance también a quienes tienen mayores necesidades y menos alternativas. Ese es el estándar que importa.