Rebajas sin memoria: lo que el Ejecutivo decidió no preguntar
Hay semanas en que un país se mira al espejo sin quererlo. En octubre supimos que el Ministerio de Justicia había reducido las condenas de 56 personas sentenciadas por abusar o violar a menores de edad, y que el mismo mecanismo había beneficiado a condenados por crímenes de la dictadura. Los decretos se firmaron en distintos momentos; lo que coincidió fue que salieron a la luz, primero por medios de comunicación. Esa coincidencia nos obliga a preguntar si estamos ante dos escándalos o ante uno solo.
Creo que es uno, y su nombre es la indiferencia institucional hacia quien fue dañado. Infancias abusadas y detenidos torturados comparten algo que el derecho entiende bien: el agresor ejerció un poder absoluto sobre un cuerpo que no podía defenderse, y la víctima solo tiene al Estado para que ese daño tenga consecuencias. ¿Qué dice de nosotros que ese mismo Estado, por decreto exento, acorte las penas de unos y de otros?
Veamos los hechos. Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre se firmaron 56 decretos de rebaja a condenados por delitos sexuales contra menores, 27 por abuso y 29 por violación, uno cada tres días. Ninguno respondió a un recurso de amparo ni a una orden judicial: el ministerio recibió las solicitudes y las acogió. El ministro Rabat habla de cumplir la doctrina de la Corte Suprema, pero fue su cartera, no el tribunal, la que concedió estas rebajas apoyándose en fallos de otros casos. Los medios revelaron además que entre marzo y mayo el propio ministerio negó rebajas similares y que en junio comenzó a decir que la ley le impedía negarlas. Si el criterio cambia en tres meses, no estamos ante un mandato legal, sino ante una decisión. El exministro Jaime Gajardo lo resumió con claridad: su criterio era rechazar. El ministerio afirma que ninguna rebaja corresponde a hechos posteriores a la reforma de 2022, pero se ha consignado que no se sabe cuántos son anteriores o posteriores.
Los números ayudan a dimensionar. Lo que plantean los medios que dieron la noticia permite identificar a 33 de los 56 beneficiados. Con esa lista se puede calcular que, entre los 31 con condena conocida, la pena promedio era de unos 8,8 años y la rebaja de unos 15 meses: cerca del 15% de la condena. Pero el promedio oculta lo esencial. Más de la mitad de esos 31 estaban condenados a seis años o menos, penas que a mi juicio ya eran bajas para delitos contra menores de edad. Hubo rebajas de 30 meses sobre 15 años, de 36 sobre 20 y de 21 sobre seis, casi el 30%. A uno de ellos, condenado a cinco años por violar reiteradamente a una niña de 13 que quedó embarazada, se le rebajaron nueve meses. Informes de Gendarmería advierten, en varios de ellos, alto riesgo de reincidencia, negación del delito y falta de empatía. Todos están libres.
Y las víctimas, ¿dónde están? La libertad condicional exige notificar y escuchar a la víctima; la rebaja, por ser un acto puramente administrativo, no. Hoy nos enteramos que muchas de ellas ni siquiera conocían esta situación y que el caso solo estalló cuando lo revelaron los medios de comunicación. Una vez notificado el decreto, Gendarmería debe ejecutar la liberación de inmediato, y por eso el Gobierno aún no explica cómo ni si es posible revertirlas.
Ahora, la dolorosa dictadura. El mismo ministerio redujo nueve meses a la condena de un excarabinero sentenciado a seis años por el secuestro calificado de un hombre que fue detenido y ejecutado días después, en 1973. Rebajó ocho meses a la de un exmiembro de la FACh, condenado a cinco años y un día por aplicar tormentos con electricidad a dos detenidos, hechos que la sentencia califica como crímenes de lesa humanidad. Y rebajó 19 meses la de un exagente de la CNI condenado por secuestrar a cinco personas en 1987, cuyos cuerpos siguen desaparecidos. En los dos primeros casos hablamos de 12% a 13% de la pena, el mismo orden que en los delitos sexuales: una misma vara para el abuso de menores y para la tortura de un opositor. Abogados de víctimas sostienen que el Estado no puede evaluar estos beneficios sin considerar sus obligaciones internacionales frente al derecho a la verdad y a la sanción. Cabe preguntarse qué verdad entregaron los torturadores a cambio, porque sus víctimas siguen sin aparecer.
La responsabilidad no se diluye. Los decretos llevan la firma del ministro y de dos subsecretarios, incluido el de Derechos Humanos, Pablo Mira, quien rubricó tanto la rebaja de 30 meses a un condenado por violar y abusar de una menor de 14 años como la del exagente de la CNI. Todos aparecen "por orden del Presidente de la República". Kast reconoció que "el Estado les falló", el vocero admitió estar "en deuda" con las víctimas y, sin embargo, el ministro y sus subsecretarios fueron ratificados. Un abogado de víctimas pidió incluso que Rabat se inhibiera, aludiendo a su pasado como defensor de Pinochet. Hoy la oposición, y ahora también la DC, avanza hacia una acusación constitucional.
El populismo punitivo siempre tuvo ese rasgo, castiga con palabras y absuelve con firmas. Un gobierno que llegó prometiendo seguridad y proclamando a las infancias primero queda en evidencia: la mano dura era discurso, y la administración fue descuido.
DEBEMOS exigir que las víctimas sean informadas y escuchadas antes de cualquier beneficio, que cada rebaja se publique con sus fundamentos y que, en crímenes de lesa humanidad, el beneficio dependa de la verdad. Pero sobre todo debemos exigir que la protección de la niñez y de la memoria deje de ser consigna, para ser política de Estado.
Porque una sociedad se mide menos por lo que castiga que por lo que recuerda. Hemos aprendido a recordar en el discurso y a olvidar en el decreto. Y mientras el Estado no pueda decirles a las infancias dañadas y a las familias de los desaparecidos que su dolor sigue contando, seguiremos siendo un país que cuida mejor a quien hizo el daño que a quien lo sufrió.