La impericia política no tiene género, pero sus consecuencias parecen tenerlo
Mucho se ha hablado de la impericia política de las exministras Steinert, Sedini y Ducó, cuya breve permanencia en el gabinete del Presidente José Antonio Kast ha estado marcada por episodios que terminaron costándoles sus cargos. Sin embargo, cuando se examina el desempeño de otros integrantes del Gobierno, surge una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿Se está aplicando el mismo estándar de exigencia política a hombres y mujeres?
La pregunta no es baladí. La impericia política no tiene género, eso vaya por delante. Los errores, los desaciertos y las decisiones equivocadas no son patrimonio exclusivo de hombres ni de mujeres. Pero lo que sí parece tenerlo son sus consecuencias.
Mientras algunas ministras debieron abandonar sus cargos, otros integrantes varones del Gobierno han protagonizado controversias de considerable gravedad política sin experimentar, al menos hasta el momento en que escribimos esta columna, un desenlace equivalente. Ahí están la controvertida propuesta del ministro de Seguridad, de un nuevo estado de excepción constitucional; los cuestionados decretos de rebaja de condenas a sujetos condenados por delitos sexuales contra menores de edad vinculados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, muy recientemente, la difundida fotografía del subsecretario del Interior durante su vuelo hacia República Dominicana, que habría provocado incluso vergüenza y profundo malestar en la propia La Moneda y en los partidos oficialistas. Y ello sin entrar en otros episodios que han tenido como protagonista al ministro de hacienda.
No se trata de afirmar que todos estos hechos tengan la misma naturaleza ni idéntica gravedad. Sería un error equipararlos sin atender a sus circunstancias. Se trata, más bien, de advertir una posible asimetría en la forma en que se distribuyen los costos políticos y se exigen responsabilidades dentro del propio Gobierno.
Porque hay algo más preocupante que los errores políticos, de los que nadie está inmune: es la forma en que se reacciona frente a ellos.
En materia de Estado de Excepción Constitucional, la propuesta impulsada desde el Ministerio de Seguridad abrió cuestionamientos sobre la laxitud excesiva de los límites de las atribuciones que se pretendía ejercer y su escasa compatibilidad con las exigencias de un Estado democrático de derecho. En lugar de despejar esas dudas desde el comienzo, fue necesaria la intervención transversal de actores políticos y ciudadanos para que se reconocieran los problemas y se retirara la iniciativa.
Algo semejante ha ocurrido con los decretos de rebaja de condenas tramitados desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La controversia generada por las decisiones que beneficiaban a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, así como a personas condenadas por torturas cometidas durante la dictadura, provocó un profundo rechazo y cuestionamientos sobre la juricidad y los criterios empleados. Solo después de que estos antecedentes adquirieran notoriedad pública, el Gobierno, encabezado nada menos que por el propio Presidente Kast, anunció la suspensión de la tramitación de los decretos cuestionados y la adopción de iniciativas legislativas para resguardar a las víctimas.
Y conviene detenerse en este punto. En un Estado de derecho, la legalidad no es una formalidad que pueda revisarse después de haber adoptado una decisión. Tampoco la Constitución constituye un límite que el Gobierno pueda reconocer únicamente cuando sus actuaciones generan controversia. La obligación de actuar dentro de la ley precede a la decisión política; no nace de la presión pública que obliga a corregirla, como ha acontecido en los casos de referencia.
Gobernar no puede consistir en avanzar hasta donde sea posible, a tejo pasado (si se me permite el chilenismo), comprobar después si se han cruzado los límites y rectificar únicamente cuando el costo político de mantener la decisión resulta demasiado alto. Esto resulta, a mi juicio central, mucho más cuando están en juego los derechos fundamentales, las garantías constitucionales y la confianza de la ciudadanía en las instituciones, ya muy debilitada como lo han puesto en evidencia distintas encuestas de opinión.
Esta manera de proceder revela un problema de actuación y responsabilidad política que no debería quedar reducido a la suerte individual de quien termina pagando sus consecuencias. Si una decisión equivocada obligó a una autoridad a dejar su cargo, corresponde preguntarse por qué otras controversias, tan o más graves que incluso aquellas que comprometen cuestiones constitucionales o de legalidad, no parecen conducir a una exigencia equivalente de responsabilidad.
¿Existen razones objetivas que expliquen estas diferencias o estamos ante un estándar desigual de exigencia? ¿Se evalúa a cada autoridad por la naturaleza y gravedad de sus decisiones o también influyen factores que nada tienen que ver con su desempeño?
No pretendo anticipar respuestas que requieren más antecedentes. Pero sí es legítimo formular las preguntas, especialmente cuando la reiteración de episodios de esta naturaleza comienza a proyectar una preocupante imagen de inconsistencia en la conducción política del Gobierno.
También llama la atención el silencio de las mujeres que participan en la política, particularmente de aquellas que han defendido la igualdad de oportunidades y la participación femenina en los espacios de poder. No se trata de exigirles una reacción por el solo hecho de ser mujeres ni de presumir que todas deban compartir una misma posición. Se trata de advertir que una eventual diferencia en la forma de exigir responsabilidades constituye un asunto que merece ser examinado transversalmente, más allá de las lealtades partidarias. Mención aparte las excepciones que se han visto y conocido públicamente, pagando los costos que eso ha implicado.
La igualdad no consiste solamente en permitir que las mujeres lleguen al Gobierno. Exige también que sean evaluadas con criterios equivalentes a los aplicados a sus pares varones. Ni un privilegio para ellas ni una indulgencia para ellos. Un mismo estándar de responsabilidad, atendiendo siempre a las circunstancias concretas de cada caso.
Al final, las instituciones no se fortalecen mediante la renuncia selectiva de algunas autoridades ni mediante la corrección tardía y forzada de decisiones controvertidas. Se fortalecen cuando quienes ejercen el poder comprenden que la responsabilidad política no depende de la exposición mediática de un error (de ser "pillados"), de la presión que este genere o de quién lo haya cometido.
La impericia política no tiene género. La obligación de respetar los Tratados internacionales de DD.HH., la Constitución Política de la República y nuestras leyes, tampoco. Pero si las consecuencias de los errores parecen distribuirse de manera diferente según quién los cometa, la pregunta ya no es solamente quién gobierna mejor o peor. Es también qué estándar de igualdad y responsabilidad está dispuesto a defender este Gobierno. La impericia política no tiene género. ¿Por qué su costo pareciera tenerlo?