Patentes mineras: el daño de la ley 21.420, lo que falta y cómo resolverlo

Manuel Viera Flores

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La ley 21.420 de 2022 no fue una ley minera: fue una ley de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal que usó la propiedad minera como caja. Cuadruplicó la patente de explotación sin trabajos acreditados, de 0,1 a 0,4 UTM por hectárea, y la hizo escalar por quinquenios hasta 12 UTM. Con la UTM de octubre en $72.151, una pertenencia de 100 hectáreas pasó de pagar $721 mil a $2,9 millones al año, con un horizonte de $86,6 millones solo por existir. Jorge Riesco, presidente de la Sonami, lo resumió sin adjetivos: cuando subes las patentes 120 veces en 20 años, la gente abandona la propiedad minera.

El resultado fue exactamente el contrario al prometido. La ley iba a diversificar actores y a liberar territorio ocioso. Lo que hizo fue concentrar la propiedad: entre 2022 y 2025 cayó la participación de pequeños y medianos titulares y subió la de las grandes empresas, Codelco, Enami y Corfo. Castigó la ignorancia administrativa, no la ociosidad.

El especulador grande acreditó actividad con abogados y geólogos; el pirquinero de Tierra Amarilla con 30 hectáreas heredadas no alcanzó a postular o le rechazaron la rebaja. Y ni siquiera recaudó más: la recaudación 2026 cerraría 13% por debajo de 2025, porque la base de titulares que paga se está achicando.

Las cifras, todas presentadas ante el Senado durante la tramitación, son las siguientes:

La ley despachada el 28 de octubre fija 0,4 UTM general y 0,1 UTM con trabajos acreditados, amplía las causales de rebaja a proyectos con RCA vigente o en evaluación, permisos en trámite e información geológica certificada por Sernageomin, crea un régimen de cinco años para titulares bajo 500 hectáreas empadronados en Enami, sube la patente especial a 150 hectáreas para pequeños mineros y 100 para artesanales, elimina parentesco, tipo societario y servidumbres como requisitos, y posterga el pago 2026 al 28 de febrero de 2027. Es un avance real y fue aprobado con un consenso inédito: 107 a 2 en la Cámara y 37 a 1 en el Senado.

Lo que falta: seis puntos ciegos

• El 0,4 UTM sigue siendo cuatro veces lo que se pagaba antes de 2022. Para quien no logra la rebaja, la ley conserva el alza del 400% que originó el problema. Agrumin y Sonami pidieron Comisión Mixta por esta razón y no fueron escuchados. La Cámara Minera advirtió con tiempo esta falencia
• La carga de la prueba sigue en el pequeño minero. Debe acreditar ante Sernageomin trabajos que el propio Estado ya conoce por sus declaraciones, fiscalizaciones y ventas a Enami. El 49% de rechazo de rebajas es consecuencia directa de este diseño
• El régimen especial exige empadronamiento en Enami, pero Enami tiene 990 productores empadronados activos. Miles de productores que venden a plantas privadas o están inactivos por precio quedan fuera del beneficio
• No toca el cuello de botella real: los remates. Seis de cada 10 concesiones rematadas vuelven a la nómina y el 32% de los roles declarados terreno franco reaparecen en remate. La propiedad minera sigue repartida entre conservadores, tribunales, Tesorería y Sernageomin sin un registro común
• Baja la multa, pero no crea el premio. La ley elimina el castigo por no explorar, pero no incorpora ningún incentivo a explorar. Los pedimentos de exploración siguen 61% bajo el promedio histórico
• No repara la mora acumulada. El 79% de las concesiones PyM está en mora y la postergación a febrero solo mueve la fecha del remate; no resuelve la deuda ni devuelve las 24.000 hectáreas ya perdidas

Recomendaciones de solución

• Crédito tributario transferible del 30% al gasto en exploración greenfield certificado por Sernageomin, con tope anual, al estilo del flow-through share canadiense. Australia invirtió del orden de US$4.000 millones y Canadá US$3.000 millones en exploración; Chile, cerca de US$80 millones desde 2005. Ningún yacimiento se descubrió encareciendo la tenencia
• Catastro minero único, digital y público, que integre Sernageomin, Tesorería, Poder Judicial y Conservadores de Minas, con comunicación electrónica de resoluciones, publicación del resultado de cada subasta y liberación de pertenencias caducadas en 90 días
• Invertir la carga de la prueba: que Sernageomin acredite de oficio los trabajos con sus propios registros y que la certificación de Enami o de cualquier poder de compra reconocido baste para la patente rebajada. El pequeño minero no debe probar lo que el Estado ya sabe
• Fondo puente y convenios de pago con Tesorería para regularizar la mora acumulada antes de reanudar los remates, con condonación de recargos para productores que acrediten actividad
• Reclasificar por ley la pequeña minería, subiendo el umbral de 5.000 a 15.000 toneladas mensuales, y modernizar Enami: más poderes de compra, empadronamiento regional como el que partió en Tarapacá y reglamento de compra basado en ley de corte, no en planta estándar
• Vigencia inmediata y medición pública: promulgar sin esperar un año y exigir que el informe anual de Sernageomin incluya rebajas rechazadas con sus fundamentos, pertenencias rematadas y quiénes se las adjudican. Lo que no se mide no se corrige

La pequeña minería aporta menos del 5% de la recaudación por patentes. Ese es el tamaño del sacrificio fiscal que se discutió durante cinco meses. Con el cobre en máximos históricos y una cartera de US$104.549 millones esperando permisos, el problema de Chile no es que le falten cobradores: le faltan exploradores y le sobran pequeños mineros expulsados de su propio cerro. Rebajar la patente era lo mínimo. Lo importante viene después.

La Cámara Minera hace un llamado a no jugar más con leyes que van en contra de la minería, para ello deben escuchar a los que saben.