El espejismo de la cuota: cuando el acceso no asegura inclusión
A más de ocho años de la entrada en vigor de la Ley de Inclusión Laboral en Chile, las cifras de la Dirección del Trabajo nos obligan a un baño de realidad crudo y doloroso. Los datos demuestran que abrir las puertas del mercado laboral es un hito estéril si tras el umbral no se construye un espacio habitable. Es preocupante constatar que, de los más de 124 mil contratos celebrados bajo el alero de esta ley, el 65% ya ha terminado. Solo un tercio de esas relaciones laborales se mantienen vigentes.
Esta masiva deserción revela el gran fracaso de nuestro sistema: hemos puesto todo el foco en el acceso y prácticamente nada en la inclusión efectiva.
Pasar de la exclusión a la rotación constante no es progreso; es precarización institucionalizada. El avance ha sido rápido en abrir vacantes, pero lento en generar sostenibilidad. Las organizaciones siguen atrapadas en la lógica burocrática del "cumplimiento de la cuota". Se contrata para evitar la multa, para rellenar la planilla del 1% y para lucir un sello de responsabilidad social corporativa. Sin embargo, una vez que la persona con discapacidad ingresa, se topa con un muro invisible: la falta de ajustes razonables, la ausencia de entornos verdaderamente accesibles y, lo peor de todo, una cultura interna que no la valora por sus competencias, sino que la tolera por su condición.
El dato más revelador del informe roza la ironía: los contratos previos a la ley tienen una tasa de vigencia considerablemente superior a los surgidos bajo su vigencia. Esto demuestra que antes de la imposición legal, el vínculo nacía de un convencimiento genuino de capacidades mutuas. Hoy, la obligatoriedad sin convicción genera contrataciones desechables.
A este triste panorama de inestabilidad se suma las brechas salariales. El reporte de la DT desnuda desigualdades territoriales y de género que profundizan la vulnerabilidad. Mientras el sueldo promedio apenas roza los $691.000, regiones como Valparaíso promedian $563.464. La disparidad de género es aún más flagrante: a nivel nacional la brecha promedia los $40.000, pero en Atacama explota de forma dramática, donde los hombres perciben $789.444 y las mujeres con discapacidad apenas $576.698. Ser mujer y tener una discapacidad en regiones es sinónimo de marginación económica.
Ante este escenario, extendemos una urgente y necesaria invitación, tanto al sector público como al privado, para impulsar un cambio cultural profundo e inaplazable. Al Estado y al sector público les corresponde dejar atrás el rol de meros fiscalizadores y convertirse en los principales promotores de políticas públicas de acompañamiento y retención, liderando con el ejemplo en sus propias reparticiones. Al sector privado, lo llamamos a derribar -de una vez por todas- los sesgos y a entender que la inclusión no es un ítem de recursos humanos, sino una transformación desde el núcleo de la estrategia corporativa.
La verdadera inclusión no se mide en el número de contratos firmados, sino en la cantidad de vidas que logran desarrollarse con dignidad, permanencia y justicia salarial. El mundo público y privado deben entender que cambiar la norma no basta; el verdadero desafío, y la deuda pendiente, está en cambiar la cultura.