Inmigrantes, igualdad de género y rol del Estado: una deuda silenciosa en Europa
Coescrita con Martín Gutiérrez Caroca y Cristofer Prieto Campos, estudiantes de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Talca
La crisis migratoria que ocurrió en Europa evidenció la llegada de miles de inmigrantes y refugiados generando un revuelo en la política europea. Millones de personas huyendo de conflictos armados, colapsos económicos y persecuciones encontraron en el continente una oportunidad de vida que sus países de origen no podían ofrecer. El impulso era genuinamente humanitario. Esto generó mayores controles fronterizos, poniendo en jaque a los gobiernos de la comunidad para una actuación conjunta evidenciando un desafío para la Zona Schengen de libre tránsito de personas.
Europa construyó una de las políticas de acogida más ambiciosas del mundo moderno. Frente a esto cabe destacar la aplicación del Reglamento de Dublín creado para la gestión de la solicitud de inmigrantes en territorio europeo definiendo los responsables de brindarles apoyo, el cuál fue modificado el 2003 y, posteriormente el 2013. Dicho sistema ha sido criticado por su falta de equidad y solidaridad entre los países europeos. La magnitud y velocidad del proceso superó la capacidad de las instituciones para gestionarlo en toda su complejidad y los costos de esa brecha no se distribuyeron de manera uniforme entre la población. Lo anterior genera un golpe a la Unión Europea (UE) al no existir una coordinación de políticas nacionales, confianza y voluntades políticas entre los estados miembros para enfrentar esta situación.
Este fenómeno migratorio generó un impacto social, político y económico en la UE. Pese a los esfuerzos realizados, han surgido voces nacionalistas y xenófobas. Esto se enmarca en un sentimiento extremista y antiinmigración que ha caracterizado a ciertos sectores políticos, influyendo en el discurso de parte de la población.
Ayaan Hirsi Ali documenta en "Prey" uno de esos costos con particular rigor. La llegada masiva de varones jóvenes provenientes de sociedades con normas de género profundamente distintas a las europeas tuvo efectos concretos y medibles sobre la seguridad de las mujeres en los espacios públicos. No se trata de una generalización sobre comunidades enteras, sino de un fenómeno sociológico que los propios datos oficiales de los gobiernos europeos recogen y que durante años fue subregistrado, subanalizado o directamente evitado en el debate político reflejado en una incapacidad institucional para enfrentarlo.
Esa evasión tiene una explicación comprensible, aunque no por eso justificable. Los Estados europeos quedaron atrapados entre dos obligaciones legítimas y difíciles de conciliar, la protección de las poblaciones recién llegadas frente a la estigmatización y la garantía de seguridad para sus ciudadanas. Si bien, se reconoce la aplicación de diferentes programas de integración, sin embargo, en algunos casos se observó la inacción con discursos vagos sobre convivencia intercultural y el trato de la integración como un proceso que ocurriría de forma casi espontánea una vez cruzada la frontera. Frente a esto, se debe tener en cuenta estos grupos extremos y xenófobos que perjudican este tipo de integración.
A su vez, lo que esa lógica ignoró es que los valores de igualdad de género no se transmiten por proximidad geográfica. La integración real requiere políticas activas, recursos sostenidos y voluntad institucional para nombrar los conflictos que emergen en el proceso. Cuando esa voluntad falta, las consecuencias rara vez son explosivas. Son silenciosas. Se manifiestan en los itinerarios que las mujeres modifican, en los espacios que dejan de frecuentar, en la seguridad que deja de ser un bien público y pasa a ser una responsabilidad privada.
El debate europeo sobre migración e integración está lejos de resolverse generando división entre la ciudadanía. Lo que sí es posible afirmar es que la disyuntiva entre acogida y seguridad es en gran medida falsa, pues no son objetivos incompatibles sino tareas que exigen ser gestionadas simultáneamente con honestidad institucional. Una política migratoria que incorpore la integración es fundamental. Y las sociedades que más han avanzado en igualdad de género son precisamente las que tienen menos margen para asumir ese costo en silencio.