El litio y el acuerdo SQM-Codelco: ¿En qué estamos y cómo seguimos?

Luis Ruz

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Hoy nos encontramos a medio camino de un acuerdo que cristalice la oportunidad que ofrece la explotación del litio. Por su importancia, esto implica abordar esta discusión desde una perspectiva estratégica y en el marco de una política pública de Estado.

Luego del memorándum de entendimiento suscrito en diciembre pasado entre SQM y Codelco, viene la firma del "acuerdo mismo", lo que permitirá la explotación del Salar de Atacama. Para cumplir con este objetivo, es necesario que esta alianza público-privada se haga sobre la base de criterios conocidos que resguarden debidamente el interés general. Aquí es donde hemos visto los primeros indicios que ponen un cuestionamiento a este acuerdo. En los últimos días, actores importantes vinculados directamente a SQM han advertido de la escasa información sobre el detalle de este pacto. Es más, acaba de realizarse una junta de accionistas de SQM y el resultado fue más bien de crítica y desacuerdo entre los grupos que controlan esa compañía. Se deja entrever una opacidad que afecta toda la negociación.

El preacuerdo suscrito entre ambas compañías debe ahora implementarse asumiendo todos los ámbitos que viabilicen la explotación conjunta del salar. De ahí que resulta fundamental que lo convenido se haga con apego a un conjunto de reglas para que esta negociación sea exitosa tanto para las partes interesadas, como también para el país. En este contexto, exponemos algunos aspectos que nos parecen significativos de cuidar. Veamos.

Primero, una adecuada información y transparencia de los actores y los intereses en juego. Acá no sólo está el interés de actores privados, sino también el de los chilenos, representados por Codelco. Hasta el momento, solo sabemos un marco de referencia muy general sobre lo que se realizará y no se dispone de los detalles que contendrá esta operación. A esto se suma la información de la exclusión de actores claves en el proceso de negociación. Un acuerdo de esta envergadura exige que se informe y conozca en detalle los términos y condiciones. Asimismo, saber respecto de los actores mayoritarios y minoritarios y las implicancias de las decisiones que se adoptarán. Esta es la manera que un convenio de estas características sea solvente técnica, económica y socialmente en el tiempo.

Segundo, este acuerdo debe preocuparse de contar con la debida legitimidad social. En los tiempos que corren, no es aceptable un acuerdo que contenga "letra chica". Todos esperamos que sea un acuerdo provechoso para todas las partes y no sólo para una de ellas. Esto supone un pacto que pueda aprobar cualquier revisión y escrutinio público. Hasta ahora, no sabemos mucho de sus condiciones y alcance.

Tercero, debe ser un acuerdo bien fundado y bajo parámetros y tiempos que permitan un proyecto de calidad. Todos entendemos la premura de implementar "la política del litio", pero esto no puede ser a "matacaballo". Muy por el contrario, debe existir un riguroso estudio y planificación para efectivamente aprovechar esta oportunidad del "oro blanco". Esto no significa dilatar nada, sólo hacerlo bien, sin apresuramientos ni opacidad. El momento actual nos encuentra con una discusión a medio hacer sobre una decisión estratégica para el país.

Cuarto, el respeto al medio ambiente y a las comunidades locales. Este pacto solo puede avanzar si considera desde su inicio la opinión de las comunidades locales y que incorpore todas las medidas adecuadas para proteger el ecosistema del Salar de Atacama. El desarrollo es desarrollo cuando se hace con conciencia y consideración a la tierra y las personas que habitan en ella.

Quinto, en lo que se acuerde estará proyectada la reputación y la imagen de Chile. El negocio del litio es un negocio global. Tiene dimensiones que escapan con creces a las fronteras nacionales. De ahí que reviste la máxima importancia cuidar la imagen y el prestigio del país en esta materia y que se expresará en la manera en que se concretará este convenio. Por su tamaño y relevancia, hay muchos países y actores que están observando este proceso. Por lo tanto, el acuerdo debe considerar aspectos sensibles que tienen que ver con la certeza jurídica, la perspectiva de la inversión extranjera y los mejores estándares que nos podamos dar en gobiernos corporativos que den cuenta de este tipo de pactos. En simple, acá no puede haber chapucería ni atajos de ninguna índole de parte de algún actor. Este acuerdo nos abre la oportunidad de situarnos como un país serio, responsable y que sabe proyectarse en los negocios de alcance global.

En suma, el acuerdo entre SQM y Codelco debe avanzar sobre los criterios expuestos y otros que sean pertinentes de considerar. Para ello, como lo indica toda buena política pública, se requiere un diálogo amplio y de calidad. Esto significa tomar el parecer de todos los involucrados, directos e indirectos, también de la sociedad civil, de las comunidades locales y de expertos que contribuyan a la construcción del mejor entendimiento posible. Esta es la manera que nos permitirá alcanzar un acuerdo que sea sostenible, socialmente justo y económicamente rentable.

Finalmente reiterar la idea que el acuerdo SQM-Codelco significa una oportunidad única para Chile en muchos planos. Todos importantes. Lo que no puede suceder es que terminemos con un acuerdo cuestionado entre las partes involucradas, que no tenga la legitimidad pública adecuada y que no responda a los intereses del país. Por ello, para que este contrato sea verdaderamente histórico, debe ser construido como una política de Estado que se sostenga sobre la necesaria transparencia de sus condiciones, la insustituible información e inclusión de todos los actores relacionados y la promoción de un negocio que se entiende a partir del beneficio de la sociedad en su conjunto.

Este no es cualquier negocio. Es un negocio que le pertenece a los chilenos de hoy y de mañana. Hagámoslo bien pensando en las partes involucradas, pero también en el bien común. De eso se trata una buena estrategia de desarrollo que se sostiene sobre una alianza público-privada y en eso consiste también una buena política de Estado. Por lo tanto, SQM y Codelco tienen la responsabilidad de actuar en consecuencia.