Empleo migrante, cuando la educación es un castigo
La educación y formación continua ha sido un mecanismo de ascenso social. El modelo educacional busca que la mayor cantidad posible de personas puedan profundizar en saberes, aptitudes y habilidades para perfeccionarse en sus áreas de estudios por más años y ponerlas al servicio de una actividad productiva. Estos años de estudios no solo buscan un beneficio social, también son una estrategia para mejorar la calidad de vida de quienes destinan más años a su formación académica.
Lo lógico es pensar que hay una relación directamente proporcional entre la cantidad de años que se estudia con el reconocimiento monetario que está aparejado a ese tiempo de formación. En Chile existe una relación entre años de escolaridad y niveles salariales, ya que aumenta el nivel de ingresos cuando hay un mayor nivel académico y más años de perfeccionamiento, pero esto -que parece tan obvio- no está garantizado para todas las personas que tienen un trabajo en Chile.
Para las personas migrantes en Chile, a pesar de la cantidad de años de formación y nivel de escolaridad que poseen, su reconocimiento por educación es significativamente menor al de las personas no migrantes.
Según el último estudio publicado por Fundación SOL, con el apoyo de Fundación Heinrich Böll, "Trabajo y Migración: Inserción laboral y valor de la fuerza de trabajo en la población migrante", se evidencia que el nivel educativo de la población ocupada migrante es mucho mayor a la población ocupada no migrante. Para el año 2022, 39% de la población migrante poseía credenciales de educación superior, postítulos, maestrías o doctorados, versus 29% de la población ocupada nacional que cuenta con ese nivel de credenciales.
A pesar de que la población migrante en promedio tiene mayores y mejores niveles educacionales que la población no migrante, esto no se refleja en mayores niveles de ingresos o salarios. Por ejemplo, según los microdatos de Casen 2022 en el caso de una persona no migrante con 17/18 años de escolaridad su salario promedio es de $1.288.031, pero para una persona ocupada migrante con la misma cantidad de años de escolaridad su salario promedio es de $899.270, es decir 30% menos de ingresos solo por no haber nacido en Chile.
El modelo de empleo en Chile permite que se reduzca el valor de la fuerza de trabajo a personas que pueden estar más vulnerables y que necesitan con urgencia generar ingresos autónomos. Las personas migrantes -las que en su mayoría están ocupadas- llegan a los países de destino buscando mejorar sus estándares de vida, pero se establecen en condiciones desmedradas en comparación a las personas no migrantes, ya que sus años de formación no son considerados ni reconocidos para aumentar sus niveles salariales.
Disminuir el valor de la fuerza de trabajo es una estrategia que ha utilizado el capital para mantener salarios deprimidos y favorecer la competencia individual entre trabajadores/as. En un escenario donde no existen sindicatos fuertes, se promueve la fragmentación sindical y las negociaciones individuales son la norma. Es urgente repensar estrategias colectivas que busquen establecer mecanismos de justicia y redistribución a la interna de la clase trabajadora independiente del país de origen. La competencia entre trabajadores/as solo beneficia al gran capital, hay que avanzar en reconocer la formación de los trabajadores/as migrantes y que su trabajo sea valorado simbólica y materialmente, para así enfrentar las lógicas de despojo a las que obliga este sistema de acumulación.
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