Empleo: no aceptemos que la precarización se disfrace de reactivación
Hay debates que un país puede dar con consignas. El empleo no es uno de ellos. Cuando detrás de una cifra de desempleo hay cientos de miles de personas buscando trabajo, familias que pierden ingresos y jóvenes que no encuentran una oportunidad para comenzar su vida laboral, no basta con anunciar una lista de medidas y esperar que el mercado haga el resto.
Por eso debemos decirlo con claridad: las 22 propuestas de la Mesa de Reactivación Laboral, conocida como Comisión Bravo, deben ser discutidas seriamente, con evidencia y sin dogmas ideológicos.
Varios centros de estudios progresistas, entre ellos el Centro Democracia y Comunidad, elaboramos un diagnóstico del mercado laboral desde una perspectiva estructural, a partir del llamado de la Central Unitaria de Trabajadores a los partidos de oposición para enfrentar de manera unitaria las medidas económicas y sociales que impulsa el Gobierno. El diagnóstico fue entregado a la directiva nacional de la CUT. No pretende clausurar el debate. Pretende exactamente lo contrario: abrirlo sobre bases serias.
Porque lo que está ocurriendo es preocupante. Se está intentando instalar la idea de que el principal obstáculo para crear empleo serían los derechos laborales, los salarios, las jornadas reguladas y las indemnizaciones. Y frente a esa afirmación hay que hacer una pregunta elemental:
¿Dónde está la evidencia de que quitar derechos crea empleos?
Hasta ahora, esa evidencia no aparece con la contundencia que justificaría una transformación tan profunda de las relaciones laborales. Una empresa no contrata trabajadores porque estos sean más baratos. Contrata porque necesita producir más, vender más, atender una mayor demanda, invertir, expandirse o desarrollar nuevos proyectos. Parece una obviedad, pero es precisamente la obviedad que desaparece cuando el debate queda atrapado en la idea de que el trabajo es simplemente un costo que debe reducirse.
El problema de Chile es otro. Tenemos una economía con bajo dinamismo, una demanda interna debilitada, inversión insuficiente y una estructura productiva que concentra buena parte del empleo en actividades de baja productividad y alta vulnerabilidad frente a los ciclos económicos. Ese es el problema que deberíamos estar discutiendo.
Sin embargo, la respuesta que se propone parece ser: trabajadores más baratos, jornadas más flexibles, indemnizaciones menores y mayor facilidad para despedir. ¿Eso es reactivación? No. Al menos no necesariamente. Eso es flexibilización laboral. Y confundir ambas cosas puede resultar extraordinariamente caro para Chile.
El trabajo no es una mercancía que se abarata para crear demanda
Hay una paradoja que quienes defienden esta agenda deberían explicar. Si debilitamos los salarios y la estabilidad laboral, reducimos la capacidad de consumo de los hogares. Si los hogares consumen menos, disminuye la demanda interna. Si disminuye la demanda, las pequeñas y medianas empresas venden menos. Y si venden menos, tienen menos incentivos para invertir y contratar.
Es decir, lo que se presenta como una política para crear empleo puede terminar debilitando una de las principales fuentes de generación de empleo: la demanda interna.
No estamos diciendo que los costos laborales no importen. Claro que importan. Lo que estamos diciendo es algo mucho más serio: no pueden convertirse en la explicación universal de todos los problemas del mercado laboral. La evidencia disponible muestra que el salario mínimo, la reducción de la jornada y otras políticas laborales tienen efectos acotados sobre el empleo, mientras que sus beneficios en materia de ingresos, bienestar y protección social son significativos.
Por el contrario, la evidencia internacional sobre desregulación laboral está lejos de respaldar la promesa de que flexibilizar necesariamente genera más empleo. Entonces, ¿por qué insistir?
Porque el verdadero debate es otro. Las 22 propuestas tienen iniciativas que pueden y deben ser discutidas: fortalecer el sistema de cuidados, ampliar la educación parvularia, mejorar los mecanismos de intermediación laboral, perfeccionar los subsidios al empleo, elevar la calidad de la capacitación y modernizar los sistemas de información laboral. Hay aquí un espacio real para construir acuerdos.
Pero una política de cuidados no compensa una economía estancada. Una plataforma de intermediación laboral no crea puestos de trabajo que no existen. Y un programa de capacitación no reemplaza la necesidad de inversión y crecimiento.
Por eso resulta particularmente preocupante que, junto con medidas razonables, aparezcan propuestas como ampliar el promedio de jornada hasta 52 semanas, avanzar hacia la eliminación de la indemnización por años de servicio, ampliar la causal de necesidades de la empresa, fortalecer la polifuncionalidad, flexibilizar jornadas excepcionales y establecer modalidades de teletrabajo con límites insuficientemente claros.
Aquí hay que llamar a las cosas por su nombre. No son medidas de creación de empleo. Son medidas que modifican el equilibrio de poder dentro de la relación laboral. Y cuando ese equilibrio cambia, alguien gana poder y alguien lo pierde.
En un mercado laboral donde el trabajador necesita empleo con urgencia, donde existe alta rotación y donde la capacidad de negociación individual es limitada, debilitar las protecciones laborales no es neutral. Puede significar más incertidumbre, menores ingresos y menor capacidad de los trabajadores para negociar condiciones dignas. No queremos defender un mercado laboral inmóvil. También debemos ser claros desde el mundo progresista.
No se trata de defender cada norma existente como si fuera intocable. No se trata de negar que las empresas necesitan adaptarse. No se trata de desconocer que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la transición ecológica y los cambios demográficos están transformando el mundo del trabajo. Precisamente por eso necesitamos una política laboral moderna. Pero modernizar no significa precarizar.
Flexibilidad sin protección es precarización. Flexibilidad con derechos, seguridad social, capacitación y negociación colectiva puede ser adaptación. Esa diferencia es fundamental. Chile necesita trabajadores capaces de adaptarse a las nuevas tecnologías, pero también necesita empresas capaces de invertir en esa adaptación. Necesita capacitación permanente, certificación de competencias y reconversión laboral. Necesita políticas de cuidados que permitan una mayor participación laboral femenina. Necesita incorporar a jóvenes y personas mayores. Necesita enfrentar la informalidad.
Y necesita, sobre todo, una estrategia de desarrollo productivo capaz de generar empleos de mayor productividad y mejores salarios. Eso exige mucho más que modificar el Código del Trabajo.
¿Y dónde están los trabajadores?
Hay otro aspecto que no podemos normalizar. No es razonable diseñar una nueva arquitectura laboral sin una participación efectiva de las organizaciones de trabajadores. La Central Unitaria de Trabajadores no puede ser convocada únicamente cuando se necesita validar un acuerdo. Los trabajadores no pueden ser considerados simples destinatarios de políticas diseñadas por otros.
Quien vive diariamente las condiciones del trabajo tiene que participar en la construcción de las políticas que regulan el trabajo. Eso no es una concesión. Es democracia social. Y es, además, coherente con los compromisos que Chile ha asumido ante la Organización Internacional del Trabajo respecto del trabajo decente y el diálogo social.
La pregunta de fondo
Por eso el debate sobre las 22 propuestas no debería reducirse a una disputa entre quienes quieren "crear empleo" y quienes supuestamente quieren "proteger privilegios laborales". Esa caricatura debe ser rechazada. Todos queremos más empleo. La diferencia está en qué tipo de empleo queremos crear y quién pagará el costo de crearlo. ¿Queremos empleos precarios, inestables y con menor poder de negociación? ¿O queremos empleos formales, productivos, con salarios dignos, protección social y capacidad de proyectar una vida?
La respuesta define mucho más que una reforma laboral. Define el modelo de desarrollo que queremos para Chile. Y aquí está la discusión que todavía falta.
Necesitamos recuperar la inversión. Fortalecer la demanda interna. Apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Diversificar nuestra estructura productiva. Impulsar políticas industriales. Aumentar la productividad. Fortalecer la capacitación y la reconversión. Desarrollar un verdadero sistema de cuidados. Combatir la informalidad. Fortalecer la negociación colectiva y la fiscalización.
En otras palabras, necesitamos una política de empleo, no solamente una política de flexibilización laboral.
No volvamos a cometer el mismo error. Chile ya conoce la receta de competir reduciendo costos laborales. Sabemos dónde puede conducir: empleos de baja productividad, salarios insuficientes, alta rotación, inseguridad y trabajadores que deben aceptar condiciones cada vez más débiles porque necesitan conservar su empleo. Ese no puede ser nuestro horizonte.
La competitividad de Chile no puede construirse sobre cuánto menos podemos pagarle a un trabajador. Debe construirse sobre cuánto más podemos producir, innovar, invertir y agregar valor. Por eso el desafío no es escoger entre crecimiento y derechos laborales. El verdadero desafío es demostrar que podemos crecer precisamente porque somos capaces de combinar productividad con trabajo decente. Ese es el debate que Chile necesita.
Y si quienes impulsan las 22 propuestas están convencidos de que sus medidas crearán empleo, que lo demuestren. Que digan cuántos empleos crearán. En qué sectores. En qué plazo. Con qué impacto sobre los salarios. Con qué costo fiscal. Con qué efectos sobre la informalidad. Con qué consecuencias sobre la negociación colectiva.
Que haya números. Que haya evidencia. Que haya evaluación. Porque pedirles nuevamente a los trabajadores que entreguen derechos a cambio de una promesa de empleo que nadie puede cuantificar no es una política pública responsable. Es simplemente trasladar el costo del fracaso económico hacia quienes tienen menos poder para defenderse. Chile merece algo mejor.
La reactivación no puede convertirse en la nueva palabra para llamar a la precarización. Necesitamos un nuevo pacto de reactivación económica con justicia social: crecimiento, inversión y productividad, pero también derechos, salarios dignos, protección social y diálogo social.
Porque el trabajo no es un costo que haya que domesticar. Es la principal fuente de dignidad, integración social y demanda que sostiene nuestra economía. Y sobre eso, más que nunca, tenemos que debatir en serio.