Ingreso básico universal temporal: ¿Única alternativa adecuada para enfrentar la segunda ola?
No cuesta imaginar las graves consecuencias económicas que podría traer esta segunda ola de la pandemia si no hay un cambio en la política económica del Gobierno hacia una más expansiva y que permita sostener la demanda, en simple que vele por los ciudadanos.
Ya lo vivimos durante la primera ola. Despidos, paralización de las labores productivas, imposibilidad de cumplir con los pagos de créditos, una clase media empobrecida y trabajadores informales de comunas periféricas, cuyo sustento diario dependía de ollas comunes. Y las mujeres fueron las más perjudicadas.
A esto se sumó la demora en las ayudas fiscales, cuya extrema focalización y lento procesamiento dejó fuera de los beneficios a millones de chilenos desesperados, justo en el peak de la pandemia, acentuándome aún más la desigualdad que atraviesa a todo un país.
En 2020, el Estado vía IFE y otros programas sociales dispuso US$ 5 mil millones para sortear la crisis. Por su parte, los trabajadores colocaron US$ 36 mil millones, de los cuales US$ 32 mil millones fueron los dos retiros de los fondos de pensiones y US$ 4 mil millones del seguro individual de cesantía. Sin esta inyección de demanda, que equivale a la mitad del presupuesto fiscal, sería bastante desalentador el actual panorama económico.
En definitiva, los trabajadores costearon la crisis con sus propios ahorros, los del seguro de desempleo y los de los fondos previsionales. El Gobierno habría tomado la decisión de economía política de hacer un salvataje al factor capital y no al factor trabajo. Hacer un salvataje a este factor significaría la generación de un ingreso básico universal temporal mientras dure la pandemia a todos los trabajadores remunerados y no remunerados dedicados al cuidado; congelamiento sin intereses de impuestos y créditos a trabajadores y pymes; y por supuesto, defender y asumir también el costo financiero y moral de los despidos.
Nuestro país se verá enfrentado a un escenario crucial. Como Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible hemos señalado que existen los fondos necesarios para crear un pacto económico y social de corto plazo, a través del uso de los 6.000 millones de dólares de la ex ley reservada del cobre, los fondos soberanos o una ley transitoria que grave los tributos al gran capital.
Estas medidas permitirán a las y los ciudadanos sin distinción contar con un ingreso básico universal temporal y sentirse protegidos por un Estado audaz en la defensa de sus derechos civiles y sociales, o por el contrario, consagrarnos como el país más neoliberal del mundo. Un país donde, al igual que en la primera ola de la pandemia, cada cual se salva como puede de la más grave crisis sanitaria mundial.
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