La paradoja de la reactivación: Chile y su cementerio de proyectos
Chile asiste, en abril de 2026, a una paradoja brutal. Los titulares celebran la reactivación y los directorios de las grandes compañías -desde la minería hasta el retail- aprueban presupuestos con un optimismo renovado. Los números, esta vez, acompañan el relato: la economía creció 2,5% en 2025, la Formación Bruta de Capital Fijo tuvo su mejor desempeño desde 2021 con un alza de 8,9%, y la inversión extranjera directa cerró el año en US$14.513 millones, 10,8% más que el año anterior.
InvestChile gestiona hoy una cartera de proyectos extranjeros de US$65.689 millones. Cochilco registra 51 iniciativas mineras valorizadas en US$83.181 millones para la próxima década. Nunca hubo tantos anuncios, tantas cintas por cortar, tantos hechos esenciales publicados en la CMF. Y sin embargo, en las sombras de esas mismas organizaciones se expande un fenómeno silencioso y costoso: la incapacidad de transformar ese capital en valor real.
Estamos frente a una costumbre peligrosa. En nuestra cultura empresarial parece haber más prestigio en anunciar un proyecto que en rentabilizarlo. Se llenan portafolios de iniciativas que, en el papel, prometen modernidad y eficiencia. Pero la realidad del resultado cuenta una historia distinta.
Una señal contundente proviene del propio Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: hoy hay proyectos en tramitación por cerca de US$110.000 millones, de los cuales US$75.000 millones fueron ingresados solo en el último año, la cifra más alta desde 2012. Es decir, el país nunca había tenido una fila de inversión más larga. El problema es lo que ocurre dentro de esa fila. La tasa de aprobación ambiental alcanza apenas el 67% en minería y el 62% en energía. En la tramitación sectorial posterior -los permisos que no son el SEIA sino los que siguen a él- la aprobación cae a cerca del 60% para los de mayor complejidad. Y si un proyecto minero incluye obras hidráulicas, puede tardar cerca de 70 meses en completar esa tramitación. Casi seis años entre la decisión de invertir y el primer día de operación.
Esto no es solo un problema del Estado. Es también un espejo en que las empresas deben mirarse: porque esos plazos y esas tasas de no concreción no operan en el vacío. Operan sobre portafolios internos que ya nacen frágiles, con justificaciones financieras optimistas, sin rigor en la estimación de riesgos y sin mecanismos reales de gobernanza que los ponga a prueba.
Hoy, las grandes corporaciones chilenas están pobladas por lo que denomino "proyectos zombie": iniciativas que no avanzan, pero que no mueren; que succionan recursos, tiempo y talento. Se mantienen vivos por inercia política interna o por el temor de un ejecutivo a reconocer un error de cálculo. Mantenerlos no es un acto de perseverancia, es una fuga de valor que nuestro país, en pleno proceso de recuperación, simplemente no se puede permitir.
El contexto financiero hace este error aún más costoso. La Tasa de Política Monetaria se mantiene en niveles restrictivos y el Banco Central ha advertido que el crecimiento de 2026 será menor al de 2025, presionado por el nuevo escenario internacional, el ajuste del gasto fiscal y la incertidumbre geopolítica que ha disparado los precios de los combustibles. Un proyecto que no genera retorno en este entorno no es neutral: es una destrucción activa de valor.
Y el horizonte no promete holgura. El crecimiento tendencial de la economía chilena se estima entre 1,5% y 2,5% para los próximos años. Con ese techo estructural, y con un promedio de crecimiento del 2% durante el último gobierno -el segundo peor desempeño desde el retorno a la democracia en 1990-, Chile no puede seguir financiando con capital escaso la ilusión de la actividad.
En este espacio se habló la semana pasada sobre "recortar el futuro" al reducir el gasto en ciencia. En el mundo privado ocurre algo análogo, pero por la vía de la ineficiencia: malgastar capital en proyectos sin rigor financiero es, en la práctica, otra forma de recortar nuestro futuro. Cada peso invertido en una iniciativa "espejismo" -esa que promete ahorros que jamás llegan a la caja- es un peso que se le quita a la innovación real, a la contratación o a la expansión genuina.
No se trata solo de un problema de gestión; es un problema de responsabilidad estratégica. En 2026, la gobernanza no puede seguir siendo un trámite burocrático de comités que solo miran la carta Gantt. La verdadera gobernanza debe ser el guardián del Benefit Realization: el rigor casi obsesivo de asegurar que la promesa que justificó la inversión se refleje, peso a peso, en la última línea del balance.
El propio Gobierno lo ha reconocido -aunque desde el ángulo regulatorio-: la Ley Marco de Permisos Sectoriales busca reducir entre 30% y 70% los tiempos de tramitación, creando una ventanilla digital única porque hoy los servicios públicos son, en palabras oficiales, "ciegos" entre sí. Si el Estado admite que su arquitectura de ejecución está rota, las empresas deberían hacerse la misma pregunta sobre sus propios comités de inversión.
Chile necesita que sus empresas despierten de la ilusión de la actividad. Los US$83.000 millones en cartera minera, los US$65.000 millones que gestiona InvestChile y los US$110.000 millones en evaluación ambiental son una promesa extraordinaria. Pero una promesa no es un retorno. Una cartera no es caja. Un hecho esencial en la CMF no es rentabilidad.
No necesitamos más proyectos. Necesitamos mejores retornos. Es hora de sanear el portafolio, de tener la valentía de enterrar lo que no genera valor y de entender que, en el mundo de los negocios, la única reactivación que cuenta es la que llega a la caja, no la que se queda en el PowerPoint.
Las cifras citadas en esta columna provienen del Banco Central de Chile (IPoM diciembre 2025 y marzo 2026), Cochilco, InvestChile, la Corporación de Bienes de Capital y el Ministerio de Economía