En el transcurso de los últimos meses, la opinión pública y las familias de nuestro país han recibido el impacto de una serie de dolorosas y complejas situaciones de violencia en el espacio escolar. Estos hechos han ocurrido en diversas zonas del territorio nacional y han ocurrido tanto en escuelas como en liceos y han afectado a diversos actores de las comunidades escolares. Algunas de estas situaciones, por su gravedad, han trascendido el espacio en el que han ocurrido y han sido conocidos en todo el país.
En este contexto, el Gobierno ha logrado este lunes recién pasado que el Senado aprobara en general la iniciativa legal denominada "Escuelas Protegidas", cuya norma central autoriza a las escuelas a realizar la revisión de las mochilas del estudiantado, con el fin de prevenir el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que puedan ser utilizados para agredir o para atentar contra el equipamiento e infraestructura de los recintos escolares.
No hay duda alguna, la violencia es un fenómeno complejo que afecta, desde hace años y, de modo transversal, a nuestra sociedad. La violencia en el espacio público, en plazas y calles, en la locomoción colectiva, en los estadios. La violencia en el espacio familiar, en los barrios. La violencia de género, la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, la violencia hacia los adultos mayores. La violencia verbal en la política, la violencia del estado hacia determinados grupos, son formas de expresión de este fenómeno, tristemente característico de la sociedad contemporánea.
Sin embargo, cabe preguntarse de lo acertado de esta nueva norma legal. Y la pregunta tiene numerosos fundamentos. Desde las políticas públicas en Chile, por décadas, se ha insistido en la misma fórmula que hasta ahora no ha demostrado resolver el problema de la violencia. El ejemplo más evidente es el de la norma legal conocida como "Estadio Seguro", cuya promesa, hasta ahora, no ha sido cumplida. Desde el año 2019, no se permite que los partidos de alta convocatoria (eufemismo para ocultar el grado de riesgo del evento), se jueguen con público visitante. Ese solo hecho permite cuestionar los verdaderos efectos de este tipo de normas.
Es por ello que nos preguntamos si esta nueva norma, de "Escuelas Protegidas", resultará pertinente y efectiva para abordar una situación tan compleja como la que vive nuestra sociedad. Las voces hegemónicas que dictan este tipo de políticas en nuestro país, tienden a simplificar fenómenos complejos como este. Y después de décadas de desaciertos y errores, es tiempo de avanzar en una dirección distinta.
Los episodios de violencia en el espacio escolar son incuestionables. Su incremento y gravedad también. Pero la norma se equivoca al reducir los episodios de violencia a un fenómeno del espacio escolar. Tal como afirma la neuropsiquiatra infanto-juvenil Amanda Céspedes en el diario El País (Chile): "No comparto el concepto violencia escolar. Esta es una violencia social".
Sostiene Céspedes que, en realidad, lo que ocurre en el mundo escolar es un fenómeno de violencia social que se ejerce en el espacio escuela, dado que las y los estudiantes pasan gran parte del tiempo en los establecimientos educacionales. Por tanto, normas de este tipo, lo que finalmente provocan, es trasladar y situar el problema al interior de las escuelas, soslayando de eso modo, que la sociedad reconozca la verdadera complejidad del fenómeno.
El preocupante incremento y extensión de la violencia en nuestro país es un asunto indiscutible. Y es la sociedad en su conjunto, autoridades, instituciones de educación, líderes, comunidades, organizaciones y movimientos, deben reconocer la necesidad urgente de abordar este problema país en toda su magnitud. Ello implica, antes que nada, reconocer la necesidad de impulsar un debate nacional serio y profundo que permita abordar este complejo problema.
Escuelas y liceos, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, sus comunidades y sus autoridades, así como organizaciones y movimientos sociales e instituciones de todo tipo, son las llamadas a convocarse y organizarse para emplazar al sistema político que, hasta ahora, no ha sido capaz de dar respuestas acertadas a esta problemática, con el fin de permitir un debate abierto y sincero que aborde estrategias globales que ataquen las causas que provocan estos tristes episodios.