Las farmacias, el dios Jano y el Ministro

Con motivo del debate respecto del proyecto de Ley de Fármacos han quedado en evidencia las dispares y contradictorias posiciones entre el ministro de Economía Pablo Longueira y el ministro de Salud Jaime Mañalich.

Al igual que el mitológico dios romano Jano, el ejecutivo exhibe dos caras frente a este proyecto de ley. Mientras el ministro de Economía ha buscado introducir en el proyecto de ley medidas tendientes a aumentar la competencia en el mercado del retail farmacéutico por la vía de autorizar la venta de medicamentos en establecimientos distintos de las farmacias, el ministro de Salud se jugó por proteger al máximo el poder de las cadenas de farmacias.

En efecto, el ministerio de Salud abusando del desconocimiento público y de las complejidades técnicas del debate en materia de políticas de medicamentos, ha promovido el incentivar la intercambiabilidad de medicamentos en la propia farmacia por parte de los dependientes de las mismas.

Con la falacia que el respeto a la receta médica escondería malas prácticas de algunos médicos que prescribirían a favor de algunos laboratorios, el ministro de Salud ha tendido una cortina de humo sobre la verdadera mala práctica que afecta en esta materia a la salud de las personas y a su bolsillo: la sustitución del remedio recetado por marcas de las propias farmacias o por medicamentos de algún laboratorio que le ofrece mejores condiciones comerciales.

En palabras simples, aunque en su discurso público diga lo contrario, el ministro de Salud se la juega por las farmacias y no por los pacientes.Se la juega por preservar e incrementar el poder de mercado y el oligopolio que estas detentan con un 90% de participación de mercado contrariando la política de mayor competencia deseada por el ministerio de Economía.

Esto último, se ve reflejado – como lo expresaba en una anterior columna- en el explosivo incremento en la venta de las llamadas “marcas propias”, es decir medicamentos elaborados por laboratorios integrados verticalmente con las farmacias o bien elaborados para estas por terceros.

Así, según datos de IMS Health a Enero de 2013 el llamado segmento de “marcas propias” de las cadenas de farmacias representa el 12,5% del mercado total de medicamentos en Chile, y un 15% del gasto en medicamentos.

Otro dato duro que avala la afirmación anterior se constata al analizar los nuevos productos farmacéuticos lanzados al mercado durante el año 2012. De los primeros 20 nuevos productos (los de mayor venta), 15 corresponden a marcas de las propias farmacias. Es más los top 7 son todos marcas propias de las farmacias. Más claro, echarle agua.

A su vez, sólo en el último año, estimulado por la política de bioequivalencia “a la chilena” de Minsal que pretende facilitar en el mesón de la farmacia la intercambiabilidad de remedios que no han acreditado seguridad y eficacia de acuerdo a estándares internacionales, no respetando la prescripción médica, las ventas de marcas propias crecieron 16,9%. Ello, contrasta con las ventas de genéricos, y medicamentos de marcas de laboratorios nacionales y extranjeros cuyo crecimiento rondó un razonable 2%.

De esta forma, cuando se respeta la receta médica –algo que el ministro de Salud quiere impedir- se evita la sustitución de medicamentos a favor de los intereses de la farmacia, privilegiando únicamente el tratamiento y la salud del paciente. Esto es algo que entendió en forma casi unánime la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados al votar 9 a 2 a favor de un texto patrocinado por parlamentarios de todos los partidos, al corregir la posición pro farmacias de Mañalich.

Según los romanos, el dios Jano aseguraba buenos finales. Por lo mismo confiemos, por el bien de la competencia en el mercado farmacéutico y del respeto a los derechos del paciente, que la Sala de la Cámara de Diputados y el Senado respalden y respeten el acuerdo alcanzado en la Comisión de Salud. Sin lugar a dudas ello constituiría un buen final frente a las dos caras opuestas que exhibió el gobierno durante la tramitación de este proyecto de ley.