Coescrita con Gian Luca Carniglia, ingeniero civil matemático, Ph.D. en Economía de la Universidad de Nueva York
El nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES) es una gran noticia para las arcas fiscales y para el bolsillo de los egresados. A pesar de sus claras ventajas por sobre el actual sistema de financiamiento -el Crédito con Aval del Estado (CAE)-, los opositores al proyecto han insistido en nublar el debate con críticas imprecisas. Un ejemplo de esto es la columna que publicaron la semana pasada María José Hoffman y Constanza Hube, donde tratan de atacar tres aspectos que son más bien fortalezas de su diseño. Contrario a lo que se critica, el FES reduce el gasto público, mejora las condiciones de los egresados y pone mayor control en cómo las instituciones utilizan los recursos del Estado.
Una primera ventaja del FES es que no requiere de nuevos recursos públicos. A pesar de lo que erróneamente se señala, este nuevo sistema de financiamiento en realidad significa un ahorro para las arcas fiscales al eliminar el costoso sistema actual. Debido a su mal diseño, el Estado está gastando más de $500 millones de dólares al año en el CAE por ejecución de garantías, recargas y recompras a los bancos privados. El FES reduce este gasto y además permite aumentar los ingresos fiscales al cobrar directamente a través del Servicio de Impuestos Internos. En vez de destinar recursos a materias no prioritarias, el FES significa un uso más eficiente de los recursos públicos que permitiría financiar políticas públicas adicionales.
Otra ventaja del FES es que mejora las condiciones para los egresados. En vez de ser una mochila, las condiciones de pago son contingentes al ingreso, lo que protege a los beneficiarios en caso de que no tengan el éxito esperado en el mercado laboral. Uno de los principales problemas del CAE es el peso que genera para los deudores, quienes deben tomar una deuda de largo plazo con mucha incertidumbre. Lejos de ser un impuesto adicional, el FES reemplaza el pago de un crédito proponiendo un mecanismo para que los estudiantes puedan protegerse del riesgo.
Por último, el FES implica un avance al ordenar y racionalizar el uso de los recursos públicos. En la actualidad, muchas universidades privadas -como la Universidad San Sebastián- se financian en 45,5% con recursos públicos. Entre 2007 y 2023, más del 70% de sus estudiantes estuvieron cubiertos por el CAE. Sin mayor transparencia y control, no hay garantías de que las instituciones destinen los recursos exclusivamente a cubrir los costos reales de formación. En vez de generar dependencia, el FES reconoce el beneficio de la alianza público-privada en la educación superior y permite seguir avanzando en un uso más eficiente de los recursos.
El FES no es un experimento improvisado, es una política pública robusta con múltiples ventajas, y cuyo diseño ha sido respaldado por estudios internacionales. Es un proyecto que significa un ahorro para el Estado y para los egresados, y un avance en la eficiencia y orden del uso de los recursos públicos. Cualquiera que revise los datos y la información sin prejuicios ideológicos y con un poco de honestidad política podrá darse cuenta de ello.
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