Reforzamiento de la justicia laboral
Con el propósito de contar con una cobertura en materia de justicia laboral que asegure un acceso equitativo y eficiente a toda la ciudadanía, hemos preparado para tramitar en el Congreso Nacional el proyecto de ley que crea un nuevo juzgado de letras del trabajo en Santiago y fortalece otros tribunales en este ámbito.
En las últimas décadas, el sistema judicial chileno ha experimentado transformaciones significativas que reflejan un proceso evolutivo orientado a la especialización, con el propósito de promover principios como la oralidad, la transparencia y la búsqueda de una mayor rapidez en los procedimientos judiciales. Estas reformas han tenido un impacto relevante en diversas áreas, como el Derecho Penal, el Derecho de Familia y, de manera particular, el Derecho Laboral.
En marzo de 2008, y en forma gradual, comenzó a aplicarse en nuestro país una reforma que ha permitido contar con tribunales compuestos por jueces especializados en materia laboral; audiencias orales y públicas; contacto directo del juez con las partes y las pruebas; agrupación de la mayor parte del juicio en dos audiencias: preparación y juicio; plazos y actuaciones abreviados, incluyendo la facultad de los jueces para evitar dilaciones; y gratuidad de toda actuación, trámite o diligencia que deban realizar los funcionarios del tribunal.
Los tribunales laborales se abocan, principalmente, a resolver controversias entre empleadores y trabajadores por la aplicación de normas o de un contrato de trabajo individual o colectivo, convenciones y fallos arbitrales en materia laboral; diferencias relacionadas con la organización sindical y la negociación colectiva; normas de previsión o de seguridad social, presentados por trabajadores activos, empleadores y pensionados; reclamaciones que procedan en contra de las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa en materia laboral, previsional o de seguridad social; juicios donde se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, con excepción de la responsabilidad extracontractual.
Transcurridos más de 15 años de aplicación de la reforma en todo el territorio, nos encontramos en un momento en que resulta imprescindible reforzar la judicatura para garantizar un debido acceso a la justicia. Según las cifras oficiales de las cuentas públicas del Poder Judicial, el ingreso de causas en los tribunales laborales ha experimentado un incremento dramático, pasando de 26.461 en 2009 a 96.808 en 2024. Esta situación se torna especialmente crítica en los tribunales de letras del trabajo de Santiago, que han visto duplicarse sus ingresos en la última década, pasando de 20.224 en 2014 a 39.743 en 2024. Solo mediante un reforzamiento de este tipo será posible responder de manera efectiva a las nuevas demandas ciudadanas y garantizar una Justicia Laboral más cercana, accesible y eficiente.
La iniciativa que hemos presentado públicamente con el Ministro del Trabajo y Previsión Social permitirá reforzar los tribunales laborales en los que el Poder Judicial ha señalado existe la mayor sobrecarga de trabajo en la actualidad, considerando de esta forma tres nuevos jueces para el Juzgado de Letras de Antofagasta, que pasará a tener 8 jueces permanentes; dos nuevos jueces para el juzgado de letras de Concepción, pasando a tener 8 jueces permanentes; un nuevo juez para el juzgado de letras de Punta Arenas, pasando a tener 2 jueces permanentes; 19 nuevos jueces para Santiago, permitiendo la instalación del nuevo Tercer Juzgado de Letras del Trabajo en la ciudad. Los referidos incrementos de jueces van acompañados del ingreso de nuevos funcionarios en cada una de sus jurisdicciones para permitir una adecuada instalación y funcionamiento de estos tribunales.
Esperamos que este proyecto se pueda tramitar ágilmente en el Congreso Nacional y que tengamos este fortalecimiento operativo en el más corto plazo, ya que es fundamental para que los trabajadores y los empresarios tengan una justicia oportuna y recuperar sobre todo la confianza en que nuestro Sistema de Justicia es capaz de hacerse cargo de los problemas que tienen todos los ciudadanos en el ámbito laboral.
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