La gran responsabilidad del próximo gobierno: devolver la seguridad y la paz social

José Durana Semir

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El próximo gobierno enfrentará uno de los mayores desafíos que haya tenido el Estado chileno desde el retorno a la democracia: garantizarle a los ciudadanos niveles efectivos de seguridad que devuelvan la tranquilidad y la paz social a nuestras calles. No se trata de un tema accesorio ni de un simple compromiso de campaña. Es una exigencia ciudadana impostergable, porque sin seguridad no hay libertad, no hay desarrollo ni justicia posible. Ningún país puede prosperar cuando el miedo se convierte en un compañero cotidiano.

Chile ha sido testigo, en los últimos años, de un deterioro progresivo del orden público, del respeto a la autoridad y del imperio de la ley. El crimen organizado ha ganado terreno, penetrando barrios, instituciones e incluso espacios políticos. Pero junto a ello, persisten grupos radicales de izquierda que, amparados en la impunidad, creen tener derecho a destruir, incendiar y atemorizar cada vez que una decisión del Estado no satisface sus intereses.

Ambos fenómenos -la delincuencia estructurada y la violencia política- son caras de una misma moneda: la pérdida de respeto al orden democrático.

El próximo gobierno no tendrá margen de error. Desde el primer minuto deberá demostrar con hechos y no solo con palabras que no tolerará la alteración del orden público ni la violencia como método de acción política. Si esos grupos le toman el pulso a un gobierno timorato, ese gobierno estará perdido desde el mismo instante en que ceda. La autoridad, cuando se diluye, tarda años en recuperarse.

Por eso, la señal debe ser inequívoca: el Estado debe mostrarse firme, coherente y comprometido con sus instituciones. Las policías requieren respaldo político real, no discursos ambiguos. La ciudadanía necesita ver en su gobierno un aliado decidido contra la delincuencia, no un árbitro que duda o que relativiza su deber de mantener el orden.

Y la justicia, por su parte, debe actuar con la misma claridad: los jueces tienen una responsabilidad institucional de aplicar la ley con severidad y sin sesgos ideológicos. No puede haber espacio para la complacencia con quienes atentan contra la paz social ni para el doble estándar que castiga con dureza al ciudadano común y trata con indulgencia a quienes destruyen bajo la excusa de una causa.

Chile demanda recuperar la normalidad, y eso implica restituir el principio básico de autoridad. La ley debe ser respetada y aplicada de manera igual para todos. La autoridad, ejercida con prudencia pero con firmeza, es la base de la convivencia democrática. La paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de orden y justicia.

Esa será, sin duda, la gran responsabilidad del próximo gobierno: marcar un punto de inflexión y devolverle a Chile la seguridad y estabilidad que necesita para volver a crecer y soñar en paz.