Cirugía exprés y privilegio institucional: el caso Aguilera
La operación de la madre de la ministra Aguilera en el Hospital del Salvador abrió un debate que trasciende lo personal y afecta gravemente la fe pública. Aunque la ministra ha declarado que actuó como familiar y que la decisión médica se ajustó a criterios clínicos, lo cierto es que el episodio instala dudas legítimas sobre la posibilidad de que se haya usado la investidura pública para vulnerar principios de equidad institucional en el sistema de salud.
Las cirugías de cadera generan extensas listas de espera en dicho sistema. Se trata de procedimientos complejos que requieren traumatólogos especializados, anestesiólogos y, en el caso de adultos mayores, equipos geriátricos. Los pacientes suelen ser estabilizados en urgencias y luego ingresan a programación quirúrgica con plazos que se extienden por meses, incluso más allá de los 240 días que la ley fija en ciertos casos de fractura de cadera en adultos mayores.
Que una cirugía de este tipo se haya ejecutado en apenas 10 horas, mientras otros pacientes permanecen en lista de espera, difícilmente podría presentarse como un logro de eficiencia. Más bien, obliga a esclarecer si hubo una decisión administrativa, según la prensa, que priorizó un parentesco ministerial por sobre el bien común.
El Hospital del Salvador se defendió asegurando que la intervención se ajustó a criterios clínicos y comunicó la realización de una auditoría interna. Sin embargo, esa explicación es insuficiente y poco creíble: no aclara datos ya conocidos, omite información clave y se limita a un recurso que parece más blindaje institucional que transparencia. Así, la auditoría interna anunciada por el hospital no bastaría para despejar las dudas. En un caso que involucra directamente a la autoridad sanitaria, lo mínimo exigible sería una investigación externa e independiente, capaz de garantizar imparcialidad y credibilidad.
Las preguntas seguirían abiertas: ¿Cuántas cirugías fueron postergadas por el bloqueo del pabellón? ¿El postoperatorio se realizó bajo las mismas condiciones y en los mismos plazos que el resto de los pacientes? ¿La paciente compartió sala con otras personas o recibió una habitación exclusiva para su recuperación? La ausencia de información verificable revela una opacidad deliberada que agudiza la desconfianza ciudadana.
El Gobierno, por su parte, ha optado por dejar las explicaciones en manos del hospital. Esa decisión, lejos de despejar dudas, las multiplica: la falta de respuestas sustantivas pareciera operar como un reconocimiento tácito de que algo impropio pudo haber ocurrido.
La probidad no puede soslayarse: quienes ejercen cargos de autoridad lo hacen las 24 horas del día. No puede separar lo personal de su investidura pública dentro de la red estatal que administra. El parentesco es un conflicto de interés evidente. Por eso las inhabilidades buscan frenar la influencia de intereses privados en decisiones públicas. Pretender que se actuó solo "como hija" no despeja la sospecha, porque condición de ministra generaría inevitablemente influencia y responsabilidad.
Lo que está en juego no es un caso personal, sino la igualdad ante la ley y el sistema de salud. Por ello, se requiere con urgencia de una investigación formal e independiente. No hacerlo sería validar la sospecha de que, en un sistema colapsado, se privilegió el linaje ministerial por sobre el derecho de los pacientes.
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