La anomalía no es Chile, es el genocidio

Maurice Khamis Massu

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En una columna, el embajador de Israel en Chile sostiene que el deterioro reciente de las relaciones bilaterales respondería a un "paréntesis" en la tradición diplomática entre ambos países. Sin embargo, esa premisa parte de un diagnóstico equivocado: Chile no ha alterado su política exterior de manera excepcional ni ha adoptado medidas radicales. Las decisiones adoptadas por el Estado chileno han sido estrictamente diplomáticas, plenamente compatibles con el derecho internacional y con la tradición histórica de nuestra política exterior. Si existe hoy una situación anómala en el escenario internacional, no se explica por la conducta de Chile, sino por los graves acontecimientos que se desarrollan en Gaza y por las consecuencias jurídicas y políticas que esos hechos han generado en la comunidad internacional.

Hoy Israel enfrenta una acusación formal de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, en virtud de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. En ese proceso, el tribunal ha dictado medidas provisionales destinadas a proteger a la población palestina en Gaza frente al riesgo de actos prohibidos por dicha convención.

Chile no es un observador distante de ese proceso. Es Estado parte de la Convención sobre Genocidio y reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Las medidas provisionales dictadas por ese tribunal no son meras recomendaciones políticas: constituyen decisiones jurídicamente vinculantes dentro del sistema internacional que Chile ha defendido históricamente.

Al mismo tiempo, conviene recordar un hecho simple: Chile no ha roto relaciones diplomáticas con Israel. Las medidas adoptadas han sido de carácter estrictamente diplomático y se han desarrollado dentro de los márgenes habituales de la política exterior. Como siempre ha ocurrido, la conducción de las relaciones internacionales responde al interés nacional y a la conveniencia de Chile, principios que han guiado consistentemente su acción exterior.

Por lo mismo, presentar las tensiones diplomáticas actuales como una excepción chilena resulta engañoso. Diversos países han adoptado medidas concretas frente a la magnitud de la crisis en Gaza y al riesgo de violaciones graves al derecho internacional. Gobiernos europeos -como los de España, Irlanda e Italia- han suspendido o restringido exportaciones de armamento hacia Israel. En Países Bajos, incluso, un tribunal ordenó detener la exportación de componentes de los aviones F-35 ante el riesgo de que fueran utilizados en operaciones contrarias al derecho internacional humanitario. En Canadá, el gobierno anunció la suspensión de nuevas licencias de exportación de armas hacia Israel.

Algo similar está ocurriendo en el ámbito de las ferias internacionales de defensa. Desde 2023, distintas exposiciones militares relevantes han adoptado medidas de exclusión o restricción respecto de la participación israelí. En Francia, por ejemplo, el gobierno decidió prohibir la participación de empresas israelíes en la feria de defensa Eurosatory 2024. En el Paris Air Show 2025, las autoridades galas permitieron la presencia israelí solo bajo condiciones excepcionales, ordenando cerrar o aislar los stands que exhibían armamento ofensivo. En España, la feria de defensa Feindef 2025 excluyó tanto la participación institucional como empresarial israelí. Y en Países Bajos, la feria NEDS 2025 rechazó la participación de compañías israelíes invocando razones de seguridad y orden público vinculadas al deterioro de la situación en Gaza.

Estas decisiones no responden a un capricho ideológico, sino a un principio básico del derecho internacional contemporáneo: los Estados tienen la obligación de no reconocer ni prestar ayuda o asistencia a situaciones creadas por violaciones graves del derecho internacional. Este principio ha sido desarrollado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y reafirmado por la Corte Internacional de Justicia.

La preocupación por el respeto al derecho internacional tampoco se limita al conflicto en Gaza. En Europa, incluso gobiernos tradicionalmente cercanos a Israel han comenzado a marcar límites claros. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, declaró recientemente ante el Senado que su gobierno "no es cómplice" de la intervención militar de Estados Unidos e Israel contra Irán realizada al margen del derecho internacional. Por eso, el debate no puede reducirse a cooperación tecnológica, innovación o comercio. Las relaciones entre los Estados no se desarrollan en un vacío jurídico ni moral.

La anomalía, en realidad, no es la posición de Chile. La verdadera anomalía es que, frente a una devastación sin precedentes en Gaza y a una situación que hoy examinan los principales tribunales internacionales del mundo, todavía haya quienes pretendan hablar de normalidad.