La economía política de la judicialización ambiental
En Chile se ha instalado un consenso transversal: el país necesita más inversión, pero también mejores estándares ambientales. Esa tensión no es nueva. Lo verdaderamente nuevo es otra cosa: la creciente judicialización de los proyectos de inversión y el rol que distintos actores han comenzado a jugar en ese proceso. Durante los últimos años, varios proyectos mineros, energéticos o de infraestructura han transitado por un largo camino de evaluaciones técnicas, resoluciones administrativas, tribunales ambientales, cortes de apelaciones y comités ministeriales. En algunos casos, ese recorrido ha superado ampliamente la década.
El "caso Dominga" es quizás el ejemplo más visible. Más allá de la posición que cada uno tenga respecto del proyecto, lo que el proceso nos muestra es una característica estructural del sistema chileno: la evaluación técnica convive con una creciente estrategia de litigación y presión pública.
Ese fenómeno no es exclusivo de Chile. En distintos países se ha comenzado a estudiar lo que algunos economistas llaman la economía política de la judicialización regulatoria: el conjunto de incentivos que lleva a distintos actores -empresas, comunidades, organizaciones o grupos de interés- a utilizar el sistema institucional como herramienta para retrasar, modificar o bloquear proyectos.
Por el peso que han adquirido distintos grupos y ONGs en los procesos regulatorios, también aparece una pregunta razonable: ¿Qué incentivos institucionales y financieros operan detrás de esa creciente capacidad de incidencia?
El tema comienza a aparecer incluso en la discusión legislativa. En el Congreso se tramita un proyecto que busca exigir mayor transparencia respecto del financiamiento de organizaciones no gubernamentales que participan activamente en procesos de incidencia pública o litigación ambiental. La lógica es simple: si una organización influye de manera relevante en decisiones regulatorias o judiciales que afectan inversiones millonarias, entonces la transparencia sobre su estructura y financiamiento fortalece la legitimidad del sistema.
No se trata de cuestionar la labor de las ONG. Se trata de aplicar un principio básico de las democracias modernas: la transparencia debe ser transversal a todos los actores que influyen en decisiones públicas, porque el debate ambiental contemporáneo ya no se limita a la evaluación técnica de proyectos. También involucra campañas comunicacionales, litigios estratégicos, presión política y construcción de narrativas públicas.
En algunos casos, incluso representantes de organizaciones han señalado abiertamente que cuentan con miles de socios donantes que les permiten sostener equipos jurídicos capaces de judicializar proyectos durante años. Esa capacidad forma parte del sistema democrático, pero también revela que el debate ambiental actual tiene una dimensión institucional y estratégica que pocas veces se discute con franqueza.
El problema aparece cuando el sistema de permisos termina transformándose en un espacio donde los proyectos pueden quedar atrapados indefinidamente entre instancias administrativas y judiciales. Cuando eso ocurre, la incertidumbre deja de afectar solo a una empresa específica. Afecta la credibilidad completa del sistema regulatorio.
Chile enfrenta hoy una paradoja evidente. Por un lado, todos los gobiernos -de distintos signos políticos- han coincidido en la necesidad de acelerar proyectos vinculados a la minería, la transición energética y la infraestructura estratégica. Por otro, el sistema institucional sigue generando niveles de incertidumbre que hacen extremadamente difícil que esas inversiones se materialicen.
La respuesta no puede ser debilitar la regulación ambiental. Tampoco deslegitimar la participación ciudadana o el rol de las organizaciones ambientales. La respuesta es más exigente que eso.
Requiere instituciones técnicas fuertes, reglas claras y transparencia para todos los actores del sistema.
Porque si queremos distinguir entre proyectos que deben detenerse y proyectos que pueden desarrollarse de manera responsable, el debate público debe descansar en evidencia completa, análisis técnico y reglas institucionales previsibles. Chile necesita inversión sostenible. Necesita comunidades protegidas. Y necesita organizaciones ambientales fuertes. Pero para que ese equilibrio funcione, el principio debe ser simple: la transparencia no puede ser selectiva. Debe aplicarse a todos quienes participan en las decisiones que moldean el desarrollo del país.
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