¿A quién protege la reconstrucción?
La reconstrucción suele presentarse como un problema de gestión y de ingeniería. Se mide en viviendas, kilómetros de redes y plazos de ejecución. Se habla de volver a la normalidad, pero rara vez se dice -y quizás nunca- qué normalidad es esa que se intenta restaurar. El reciente anuncio del Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Económico Social se inscribe en esa tradición. Un discurso firme, decidido, que promete eficiencia, orden e instala una prioridad: la rapidez. Procedimientos abreviados, decisiones centralizadas, ejecución acelerada. La urgencia se instala como virtud.
Y, sin embargo, lo decisivo no está en la velocidad, sino en el marco desde el cual se actúa. Porque hay una pregunta que atraviesa todo el plan, como una grieta apenas visible: ¿qué significa reconstruir cuando el desastre no es un accidente, sino una forma de organización del territorio?
Porque si el desastre fuera solo un evento externo -un incendio, una lluvia, una falla técnica- bastaría con reconstruir lo dañado. Pero en Chile sabemos que no es así. Los desastres no irrumpen sobre un vacío: se montan sobre desigualdades previas, sobre infraestructuras frágiles, sobre territorios sistemáticamente expuestos. No son una anomalía; son una consecuencia. El desastre no interrumpe un orden, lo revela.
Y si eso es así, reconstruir no puede ser simplemente volver a levantar lo caído. Debe ser, además, una intervención sobre las condiciones que produjeron el daño. El plan enfatiza la simplificación administrativa y la centralización de decisiones. Es comprensible: las catástrofes requieren respuestas. Pero esa lógica de excepción -la velocidad como virtud, menos trámites, más discrecionalidad- tiene un costo que rara vez se explicita. Reduce espacios de participación, debilita controles y reconfigura decisiones políticas bajo la apariencia de criterios técnicos.
¿Quién decide qué territorios son habitables? ¿Qué ocurre con quienes dependen críticamente de servicios básicos para vivir? Sin estas preguntas, la reconstrucción deja de tener sujetos.
¿Dónde aparecen, entonces, en el plan los adultos mayores que no pueden desplazarse o las comunidades que habitan territorios históricamente relegados? Cuando la relocalización se plantea como solución técnica, ¿se considera el arraigo, las redes comunitarias, el derecho a decidir sobre el propio territorio?
Reconstruir bajo un enfoque de derechos no es hacerlo más rápido. Es hacerlo de otra manera. Implica garantizar participación efectiva, acceso a la información, no discriminación y protección especial de quienes están en mayor situación de vulnerabilidad.
El riesgo, en este sentido, no es solo una variable técnica que se gestiona con mapas y modelos. Es una construcción social que distribuye protección y desprotección. Y por eso, la reconstrucción no puede limitarse a corregir infraestructuras: debe corregir desigualdades.
El plan también apuesta por la reactivación económica como motor. Subsidios, créditos, incentivos a la inversión privada. Pero aquí se abre otra pregunta, más incómoda: ¿la reconstrucción es un proceso de reparación o una oportunidad de mercado? Porque cuando el énfasis está en reactivar, el foco se desplaza: de los derechos de las personas a la lógica de los flujos económicos. Y entonces, la reconstrucción deja de ser un proceso de justicia social para convertirse en un retorno ordenado a la misma fragilidad. No es solo una deriva posible: es el diseño mismo del plan, que articula la reconstrucción con una agenda explícita de reducción tributaria, atracción de inversiones y flexibilización regulatoria.
Y aquí aparece una ausencia significativa. Falta una articulación clara con el principal marco que hoy orienta la gestión del riesgo de desastres: el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que insiste en algo simple: reconstruir mejor implica reducir vulnerabilidades, fortalecer capacidades locales e incorporar un enfoque de derechos.
Porque cuando la reconstrucción se articula principalmente en torno a la rapidez y la reactivación económica, emerge una tentadora pulsión de volver cuanto antes a la normalidad. Pero esa normalidad -lo sabemos- ya contenía las condiciones del desastre. El resultado es conocido. Se reconstruyen viviendas en zonas expuestas, se restablecen servicios sin modificar su fragilidad, se reactiva la economía sin corregir sus asimetrías. Y entonces, el próximo evento no sorprende: confirma.
Por eso, el desafío de la reconstrucción es tanto material como de principios. Si no se funda en un enfoque de derechos -incorporando participación, equidad y protección de los más vulnerables- entonces no corrige el desastre: lo administra.
Y en ese gesto, aparentemente pragmático, se juega algo más profundo: si el Estado reduce el riesgo... o si simplemente decide quién debe seguir cargando con él.