La reconstrucción que llega primero a las empresas
El Presidente José Antonio Kast debutó en cadena nacional con una promesa potente: reconstrucción. Habló de incendios, de familias que lo perdieron todo y de una urgencia que interpela al país completo. El diagnóstico es claro y compartido. Sin embargo, al revisar el contenido de sus anuncios, la narrativa cambia. No estamos solo ante un plan de reconstrucción, sino frente a una reforma tributaria amplia, con ganadores evidentes desde el primer día.
La iniciativa propone bajar el impuesto a las empresas, reintegrar el sistema tributario, permitir la regularización de capitales a tasas preferentes y reducir los impuestos a las donaciones. Todo esto se articula bajo un relato simple y políticamente eficaz: para ayudar, primero hay que crecer. El problema no está en la consigna, sino en el orden en que se materializa.
Porque mientras los beneficios para las empresas son inmediatos y tangibles, los beneficios para las personas quedan en el terreno de la expectativa. La rebaja tributaria es concreta; el "derrame", en cambio, es una hipótesis. Y en política como -en economía- las hipótesis no pagan cuentas.
El Estado deja de recaudar hoy sin contar con garantías de que ese sacrificio se traduzca en mayor inversión, más empleo o mejores salarios. Se trata, en la práctica, de una apuesta: se renuncian ingresos presentes confiando en que el crecimiento futuro compensará ese vacío. Pero esa confianza no está acompañada de exigencias. No hay metas de contratación, ni compromisos de inversión, ni mecanismos que aseguren que los beneficios tributarios se traduzcan en bienestar real.
Mientras tanto, las decisiones concretas avanzan en otra dirección. Se congela la expansión de la gratuidad, se abre una ventana preferente para capitales que nunca estuvieron en el sistema y se generan incentivos que, directa o indirectamente, favorecen al sector inmobiliario. Es decir, las certezas se concentran en ciertos sectores, mientras el resto del país queda a la espera de resultados que podrían no llegar.
Por eso, la pregunta de fondo no es ideológica, sino práctica. ¿Quién gana hoy? ¿Quién espera? ¿Y quién asume el costo si la apuesta falla?
Porque si el modelo funciona, el Gobierno podrá reivindicar su estrategia. Pero si no, el costo ya habrá sido pagado. Y ese costo no recae en las empresas, sino en el Estado, en la política pública y, en última instancia, en las personas.
La discusión nunca ha sido si Chile debe crecer. La verdadera discusión es cómo crece, para quién crece y quién queda esperando mientras tanto. Porque reconstruir no es solo levantar lo que se perdió; también es decidir a quién se levanta primero.