La contrarreforma tributaria
Finalmente, el Presidente de la República dio a conocer sin el proyecto definitivo "el plan de reconstrucción", que define la gestión que pretende realizar en los próximos años. Confirmando los roces y asperezas internas, aún no se conoce texto oficial de los anuncios presidenciales, salvo que traspasan unos 4,400 millones de dólares a los grupos financieros más poderosos del país.
En consecuencia, el país está notificado, la columna vertebral de ese plan es la rebaja de impuestos al sector más rico de la población, el 1% del total, y la reducción de la participación en el ingreso de la inmensa mayoría. Cálculos responsables indican que los 1.500 contribuyentes más ricos del país recibirán individualmente un beneficio de 400 millones de dólares con la rebaja de impuestos. Quién lo pagará: el pueblo de Chile. El gobierno de Kast tiene como objetivo deshacer los avances sociales y concentrar la riqueza y el patrimonio en un puñado de grandes privilegiados.
El nudo de esa estrategia es reducir el impuesto corporativo de 27 a 23% y hacer íntegramente descontable el tributo individual de los grandes accionistas del impuesto que deben pagar por las utilidades de sus empresas. En el fondo es una doble reducción, un gigantesco traspaso dirigido al aumento de las utilidades de ese grupo privilegiado que dispondrá de unos cuatro mil millones de dólares más para sus maniobras especulativas, fuga de capitales y, en definitiva, enriquecerse más empobreciendo a Chile.
Kast está cumpliendo con los grandes oligarcas su compromiso de realizar una regresión económica y social de alcance estructural y bajar la participación de los sectores populares y medios en la riqueza que el país produce. También es inaceptable que una parte de su propio gabinete ministerial sea directamente beneficiado con los cambios legales que propone al Congreso Nacional.
La justicia social importa porque con mayor participación en el ingreso del país las familias de clase media y de la clase trabajadora podrían acceder a mejores condiciones de vida: alimentarse y vestir bien, conseguir una salud digna, entregar una educación de más calidad a las nuevas generaciones, mejorar sus viviendas, tener actividades culturales y practicar deportes, en fin, enriquecer su trabajo y su vida cotidiana.
Esas condiciones civilizacionales son las que pretenden negar los oligarcas en el poder. Ha vuelto la mentalidad del pinochetismo: reprimir y embrutecer a la población, desbaratar la fuerza social popular para que no logre educarse ni tampoco organizarse. Imponer el orden que se consigue mediante el abuso de poder y la opresión. Así, a la postre, los oligarcas fermentan la violencia. No hay que caer en esa trampa. Les complacería el Estado de sitio. El camino es la defensa de la democracia y de las conquistas alcanzadas.
Los lentos y paulatinos avances económicos y sociales del inicio de la transición no pudieron ser impedidos por estos grupos reaccionarios, la mayoría absoluta de Patricio Aylwin en la elección presidencial y la amplia ventaja parlamentaria de la exConcertación, ambas el 14 de diciembre de 1989, dieron estabilidad a la transición democrática y pusieron a la defensiva al pinochetismo y su base de apoyo, así como, las denuncias de los innumerables y atroces crímenes cometidos en el ámbito de los Derechos Humanos deslegitimaron sus ansias de volver al poder.
La dictadura imponía una visión autoritaria, ultraconservadora que reduce el rol de la clase trabajadora a simple factor productivo, desprovisto de derechos, conciencia y proyecto de sociedad. Ese es, en suma, el dilema que enfrentamos, si la ciudadanía tiene o no tiene una palabra que decir en el destino de la nación.
El afán revanchista del viejo pinochetismo permaneció agapazado a lo largo de estos años, en especial, en la oligarquía agraria, sin embargo, ahora que se empinaron al control de la Presidencia de la República, se han involucrado en una propuesta de regresión social cuyo impacto en Chile es incalculable.
La oposición democrática requiere firmeza y templanza en este escenario. No caben respuestas aisladas, hay que impulsar una acción conjunta que no caiga en provocaciones, pero que tampoco ceda en los temas de fondo que están en la agenda nacional. El daño a Chile de esta contrarreforma tributaria se prolongará durante décadas.